La investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó un planteo que podría cambiar el rumbo de la causa. La defensa del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, pidió que el expediente deje la Justicia de San Juan y pase a los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
Un planteo en Comodoro Py busca que la causa del Acueducto Gran Tulum pase a la Justicia Federal
El expresidente de OSSE Sergio Ruiz presentó un planteo para que la Justicia Federal intervenga en la causa por presuntas irregularidades en la meg obra. El juez Daniel Rafecas pidió informes a la Fiscalía y al juzgado provincial antes de resolver si corresponde discutir la competencia.
El planteo de inhibitoria fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, donde el juez interino Daniel Rafecas le dio curso inicial el 13 de octubre. Como primer paso, ordenó requerir información a la UFI de Delitos Especiales y a la jueza de garantías Mónica Lucero para conocer el objeto y el estado actual de la investigación provincial.
La presentación, registrada bajo el expediente CFP 5004/2026, no implica que la causa haya pasado al fuero federal ni que Rafecas haya aceptado los argumentos de la defensa. Por ahora, el magistrado abrió una instancia para reunir antecedentes y evaluar si corresponde intervenir en una eventual disputa de competencia.
El movimiento judicial se produce en un momento clave para el expediente sanjuanino. La Fiscalía avanzó con la convocatoria a una audiencia de formalización prevista para hoy 14 de octubre, en la que fueron notificados 11 exfuncionarios y personas vinculadas con la obra, entre ellos el exgobernador Sergio Uñac, el extitular de OSSE Cristian Andino y el propio Ruiz. La notificación para esa audiencia no equivale, por sí sola, a una declaración de responsabilidad penal.
El argumento central de la defensa apunta al origen del financiamiento y a la participación de organismos nacionales en la ejecución del proyecto. Según sostiene Ruiz en su presentación, la obra demandó una inversión cercana a los 198 millones de dólares, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable a más de un millón de habitantes.
El esquema financiero combinó aportes directos del Estado nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con créditos internacionales del Fondo Kuwaití y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID). Estos últimos contaron con aval y garantía solidaria de la Nación, de acuerdo con los fundamentos expuestos por la defensa.
A partir de esos elementos, el abogado Nasser Uzair sostiene que una eventual afectación patrimonial derivada de las presuntas irregularidades no comprometería únicamente recursos provinciales, sino también las rentas y el patrimonio del Estado nacional.
La defensa agrega que funcionarios y organismos federales tuvieron intervención en distintas etapas del proyecto, entre ellas la supervisión, las auditorías, el control de la ejecución y la autorización de desembolsos. Sobre esa base, reclama que la investigación sea tramitada por la Justicia Federal, tanto por la materia involucrada como por la actuación de autoridades nacionales en Buenos Aires.
El planteo busca, en definitiva, que la jueza Lucero se aparte del expediente y que las actuaciones sean remitidas a Comodoro Py. Para que eso ocurra, sin embargo, deberá avanzar el trámite judicial y resolverse la cuestión de competencia.
Cuestionamientos a la Fiscalía y a la selección de los investigados
La presentación no se limita a discutir qué fuero debe intervenir. También contiene críticas al desarrollo de la investigación provincial y al criterio utilizado para determinar quiénes deben responder por las decisiones vinculadas con la obra.
En la gacetilla difundida por la defensa, Uzair calificó la investigación como un "proceso armado, falso" y cuestionó que, a su entender, se esté llevando adelante ante autoridades incompetentes. Se trata de afirmaciones de la parte, que no constituyen conclusiones judiciales sobre la actuación de los investigadores.
Uno de los cuestionamientos apunta a la diferencia de tratamiento entre los exfuncionarios citados. El abogado puso como ejemplo la convocatoria de Cristian Andino por su paso por la presidencia de OSSE y preguntó por qué no se habría aplicado el mismo criterio al exgobernador José Luis Gioja, a quien atribuye responsabilidad política por el inicio de la obra.
También mencionó a José Luis Beltrán, quien, según la defensa, auditó y firmó distintas etapas del proyecto durante aquella gestión y actualmente preside OSSE, tras ser designado por el gobernador Marcelo Orrego.
"Queremos una investigación independiente del poder y una Justicia transparente", expresó el letrado, quien además cuestionó la mediatización del caso.
Esos señalamientos forman parte de la estrategia de la defensa de Ruiz. No implican que se haya acreditado una actuación irregular de la Fiscalía ni que exista una decisión judicial que respalde las objeciones formuladas.
La causa por los caños y las presuntas irregularidades
El expediente provincial busca esclarecer posibles irregularidades en la contratación y provisión de materiales para el Acueducto Gran Tulum, además de eventuales sobreprecios y problemas en la calidad de las cañerías utilizadas.
La investigación incluyó procedimientos en instalaciones vinculadas con Krah América Latina, la empresa relacionada con la provisión de los caños, durante los cuales se secuestraron documentación y equipos para avanzar con las medidas de prueba.
En ese contexto, la eventual intervención federal abriría una discusión sobre el alcance de la investigación: si debe continuar concentrada en la actuación de funcionarios provinciales o si corresponde que un juzgado federal examine también las responsabilidades que pudieran surgir de la participación de organismos nacionales en el financiamiento y el control de la obra.
El planteo de Ruiz no resuelve esa discusión de fondo. Su objetivo inmediato es desplazar la competencia de la Justicia sanjuanina y llevar el expediente a Buenos Aires, donde la defensa considera que debe desarrollarse la investigación.