El concejal Luciano Cano presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza Cuentas Claras, Municipio Transparente, una iniciativa que busca establecer nuevas obligaciones para el Municipio en materia de transparencia, publicación de información y acceso ciudadano a las cuentas públicas.
Un proyecto de "cuentas claras" entró al Concejo de Chimbas y puede incomodar a la gestión de Daniela Rodríguez
La iniciativa fue presentada por el concejal Luciano Cano. En el Concejo ya advierten que podría generar un nuevo choque con la intendenta.
El proyecto, identificado como Expediente N° 03827,, propone crear el Sistema Municipal de Transparencia, Gobierno Abierto, Datos Abiertos y Acceso a la Información Pública de Chimbas. Entre sus principales herramientas contempla la creación de un Portal Único de Transparencia dentro de la página oficial del municipio.
La iniciativa establece como principio general que toda información generada, obtenida, transformada, controlada o custodiada por el Municipio se presume pública, salvo las excepciones previstas por ley. También incorpora principios como máxima publicidad, accesibilidad, gratuidad, lenguaje claro, trazabilidad, integridad y protección de datos personales.
Uno de los puntos centrales está vinculado con el derecho de cualquier persona, física o jurídica, a solicitar información pública municipal sin tener que explicar los motivos del pedido ni acreditar un interés legítimo. El Ejecutivo tendría un plazo de 15 días hábiles administrativos para responder, con la posibilidad de extenderlo por una única vez durante otros 15 días, siempre que exista una causa fundada.
El proyecto de Cano avanza especialmente sobre la información relacionada con el manejo de los recursos municipales. En materia de contrataciones públicas, establece que debería informarse el objeto de cada contratación, el expediente, la modalidad utilizada, el presupuesto oficial, los oferentes, el adjudicatario, el monto, el contrato, sus eventuales modificaciones, los pagos efectuados y el estado de ejecución.
También plantea incorporar progresivamente un tablero o mapa de obras públicas, en el que puedan consultarse datos como ubicación, contratista, monto, plazo de ejecución y avance físico y financiero de cada obra.
Otro de los puntos sensibles es la publicación de las remuneraciones de las autoridades y funcionarios políticos, además de las escalas salariales vigentes.
La propuesta también pone la lupa sobre dos áreas que suelen generar interés político: la publicidad oficial y los gastos vinculados con viajes y representación.
En el caso de la publicidad oficial, el artículo 46 obliga a publicar las contrataciones, gastos e inversiones destinados a publicidad, comunicación institucional y difusión. La información debería incluir proveedor, medio, período, montos contratados, pagos realizados y distribución del gasto.
Para los viajes oficiales, viáticos y gastos de representación, el proyecto exige informar quién realizó el viaje, su cargo, destino, fechas, motivo, viáticos asignados, gastos rendidos y eventuales reintegros.
La iniciativa de Cano no sólo introduce una discusión institucional sobre transparencia. También puede convertirse en un nuevo foco de tensión política dentro de Chimbas, particularmente con la intendenta Daniela Rodríguez.
En los pasillos del Concejo Deliberante ya comenzó a circular la posibilidad de que, si la ordenanza consigue ser aprobada, el Ejecutivo pueda recurrir al veto. No se trata de una posibilidad menor: sería el mismo mecanismo que la intendenta utilizó con el Presupuesto 2026.
En aquella oportunidad, Rodríguez decidió anular la totalidad del presupuesto aprobado y avanzar en la administración municipal mediante partidas discrecionales. Ese antecedente es el que ahora aparece como referencia entre los concejales frente al proyecto de “Cuentas Claras”.
El eventual veto, por ahora, forma parte de las especulaciones políticas y no de una decisión formal del Ejecutivo. Pero la posibilidad ya es materia de conversación en el Concejo, sobre todo porque la iniciativa establece obligaciones concretas de publicación y acceso a información que podrían incrementar los niveles de control sobre la administración municipal.
El proyecto, además, fija responsabilidades ante eventuales incumplimientos. Según el artículo 49, la falta injustificada de publicación, actualización, remisión o conservación de la información obligatoria sería considerada un incumplimiento de los deberes funcionales y podría derivar en sanciones administrativas de acuerdo con el régimen disciplinario vigente.
Si finalmente la ordenanza es aprobada y promulgada, el Departamento Ejecutivo tendría 90 días corridos para reglamentarla, mientras que el Portal Único de Transparencia debería comenzar a funcionar en una primera etapa dentro de los 180 días corridos.