El histórico dilema por el colapso de los depósitos judiciales y policiales en la provincia busca una solución de fondo. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley que propone un cambio radical en la disposición final de los vehículos retenidos: en lugar de destruir y compactar todos los rodados, aquellos que se encuentren en buenas condiciones serán subastados públicamente.
Depósitos al límite: impulsan una ley para subastar autos y motos secuestrados y destinar el dinero a obras
Ante el colapso del predio de 9 de Julio, que ya llegó al 85% de su capacidad, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para subastar vehículos radiados. Los fondos irán destinados a obras de infraestructura y asistencia social.
La iniciativa, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, apunta a destrabar una situación límite en el predio de 9 de Julio, un espacio que actualmente sufre una saturación crítica al haber alcanzado el 85% de su capacidad total.
Una salida superadora a la chatarra
Hasta el momento, el destino inevitable de los vehículos radiados en los operativos viales era convertirse en chatarra. Sin embargo, el legislador Juan de la Cruz Córdoba detalló el alcance de la reforma que modifica la normativa vigente.
"Según la redacción actual, si el propietario no recupera el vehículo, todo termina compactado y vendido como chatarra", explicó el diputado. "Entendemos que muchos rodados están aptos para ser reacondicionados. Con la subasta se conseguirá un mejor resultado económico para la provincia y se desocupará más rápido el depósito", remarcó.
Desde el Ejecutivo aclararon que esta medida rige bajo un límite claro: la Provincia solo tiene potestad directa sobre los automóviles y motocicletas secuestrados por faltas o infracciones administrativas de tránsito, mientras que los vehículos vinculados a causas judiciales continúan bajo la órbita de la Justicia.
Fin social y ambiental de los fondos
El proyecto estipula que todo lo recaudado a través de las subastas públicas no irá a rentas generales, sino que tendrá un destino específico con impacto directo en la comunidad.
La ley establece que los ingresos financiarán proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental en los municipios sanjuaninos, además de sostener programas de asistencia directa para sectores vulnerables y campañas de concientización ambiental. Asimismo, la medida permitirá sanear los predios al separar y tratar residuos contaminantes propios del abandono vehicular.
Una vez que la iniciativa reciba su aprobación definitiva en el recinto legislativo, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la norma y poner en marcha el nuevo sistema de subastas.