Días atrás el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Capital Humano, intimó a los rectores de las universidades públicas de todo el país a que informen los planes de contingencia para garantizar el dictado de clases en medio de los paros que se están llevando a cabo desde el inicio del ciclo lectivo. Ante esto, la reacción de la comunidad universitaria se vio reflejada en un comunicado que emitieron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un espacio donde participan todas las máximas autoridades de las casas de altos estudios, entre ellos el rector Tadeo Berenguer de la UNSJ.
El Rector de la UNSJ, junto a autoridades del todo el país, respondieron a Capital Humano: "Las universidades permanecen abiertas"
El Consejo Interuniversitario Nacional, espacio integrado por la UNSJ, emitió un comunicado tras la intimación de Capital Humano.
En el texto, dirigido al Subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, destacan en una primera parte que “las Universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando -en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias- el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública”.
Se pone en foco precisamente el tema presupuestario teniendo en cuenta que el Gobierno nacional aun no pone en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, e incluso pretende enviar otro proyecto al Congreso. Además, el grueso del reclamo es precisamente el desfinanciamiento que están sufriendo las universidades públicas de todo el país.
Sobre este punto, detalla el documento: “Toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa”.
El pedido de los integrantes del CIN es que no se ponga la mirada crítica sobre las acciones que se están ejecutando en las universidades, sino todo el contexto que llevó a que estas medidas de fuerzas se fueran ejecutando semana tras semana; entendiendo que la restricción financiera y salarial impacta en las condiciones en las que se debe garantizar el derecho a enseñar y aprender.
“Resulta igualmente necesario subrayar que ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse de la obligación primaria e indelegable del Estado Nacional de cumplir con el financiamiento legalmente establecido”, señalan en el documento.
En la intimación de Capital Humano se establece un plazo de 48 horas para que las universidades informaran cuáles eran los planes que se venían desarrollando para garantizar la educación. Ante esto, desde el CIN no solo rechazaron el plazo, sino que lo consideraron irrazonable por lo breve.
Sin duda se trata de un capítulo más entre las universidades públicas de todo el país y el Ejecutivo nacional que, desde la actual gestión, ha mostrado una conducta hostil hacia las casas de altos estudios. Restricciones presupuestarias, nulas paritarias, atraso salarial y aumentos definidos de manera unilateral, más una Ley de Financiamiento que tras su segunda presentación en el Congreso (con veto de por medio) logró ser aprobada, ratificada, pero aún no está en vigencia por decisión del Ejecutivo son algunas de las realidades que complican la relación entre el CIN y el Gobierno nacional.