En la búsqueda constante por fortalecer las herramientas de prevención y contención frente al juego compulsivo, la provincia de San Juan dio un paso clave. La Caja de Acción Social se encuentra ultimando los detalles de un acuerdo estratégico junto a las administraciones de Mendoza y San Luis para crear un mecanismo regional unificado que permita compartir los padrones de personas autoexcluidas de las apuestas.
Ludopatía: San Juan, Mendoza y San Luis negocian unificar los padrones de autoexclusión para frenar el juego
La Caja de Acción Social avanza en un convenio histórico junto a las vecinas provincias para cruzar los registros de personas que decidieron alejarse de las apuestas.
La iniciativa busca cerrar una de las principales fisuras del sistema actual: hasta el momento, cuando un ciudadano decide voluntariamente restringir su acceso a las salas de juego mediante el área de Juego Responsable un trámite que en San Juan ya alcanza a unas 250 personas, la prohibición queda circunscrita únicamente al territorio provincial. Esto permitía que quienes buscaban apostar pudieran eludir la medida simplemente trasladándose a provincias vecinas.
Con este nuevo convenio interjurisdiccional avanzado, las tres provincias cuyanas cruzarán sus bases de datos con las empresas administradoras de las salas de apuestas, logrando que los controles de admisión detecten de manera automática a los inscriptos, sin importar en qué distrito intenten ingresar.
El desafío del juego online y la tecnología
Uno de los puntos más innovadores del proyecto impulsado por el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, es la firme intención de extender las restricciones al ámbito digital. La meta es que las plataformas legales de apuestas online también contemplen y respeten estos bloqueos, convirtiendo al bloque cuyano en pionero a nivel nacional en la materia.
Este esquema se complementa con las acciones que San Juan ya despliega contra el juego clandestino en internet. Actualmente, la provincia articula de forma directa con organismos como el Ministerio Público Fiscal, la Asociación de Loterías Estatales (ALEA), el Enacom, el Banco Central, Nic.ar y las principales redes sociales para identificar, denunciar y solicitar el bloqueo sistemático de sitios ilegales.
Asimismo, se incorporaron herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para optimizar la detección de plataformas clandestinas y acelerar los procedimientos judiciales que impidan su funcionamiento, consolidando un abordaje integral frente a una problemática que preocupa tanto a las familias como al Estado provincial.