Durante el año 2025, el sistema público de salud de San Juan registró un total de 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE). El dato forma parte del Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, un estudio elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Proyecto Mirar, que pone el foco no sólo en la cantidad de prácticas, sino también en el financiamiento y los desafíos actuales del sistema sanitario.
San Juan registró 1.657 interrupciones del embarazo en el sistema público durante 2025
Un informe nacional detalló las estadísticas de la Ley 27.610 durante 2025.
A nivel nacional, el relevamiento contabilizó 87.603 interrupciones en 20 provincias, reflejando que la cantidad de procedimientos se mantuvo estable en comparación con el período anterior.
Dónde se ubica San Juan frente a otras provincias
En el desglose por jurisdicciones, los 1.657 casos de San Juan se ubican por debajo de distritos con mayor densidad poblacional como Buenos Aires (41.446), Córdoba (9.341), Tucumán (2.417), Jujuy (1.973) y Corrientes (1.933), al tiempo que superan los registros de provincias como San Luis, Entre Ríos y Misiones.
De acuerdo con las precisiones metodológicas del informe, si bien se consultó a las 24 jurisdicciones del país, la información provincial fue completada a través de los registros de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Asimismo, el documento destaca tendencias sanitarias generales que se replican en el país:
Acceso temprano: En la mayoría de las provincias, alrededor del 90% de las intervenciones se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación.
Método predominante: La medicación continúa siendo la principal vía utilizada por los efectores públicos frente a otras alternativas como la aspiración manual endouterina.
Primer nivel de atención: La mayor parte de los centros de salud que garantizan la prestación corresponden a la atención primaria.
El desafío financiero: el impacto en las cuentas provinciales
Más allá de las estadísticas operativas, el informe advierte sobre un cambio estructural en la sustentabilidad del servicio. Tras la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra centralizada de insumos específicos, 13 provincias comenzaron a sostener la prestación utilizando recursos y presupuestos propios.
El relevamiento vincula esta situación con una reducción general del gasto nacional destinado al programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo que traslada de manera directa a las administraciones locales el costo de garantizar medicamentos, insumos y la operatividad de los efectores en un marco donde la Ley 27.610 continúa plenamente vigente y sin modificaciones legales.