A primera hora de la mañana de ayer surgieron las primeras quejas de la gente en distintas emisoras radiales porque en algunos puntos de la red Rapipago y de Pago Fácil, todos extrabancarios, les cobraban hasta $50 de recargo para pagar las boletas de servicios, como luz, agua, teléfono y gas. Y al final la mañana en la Dirección de Defensa al Consumidor tenían registradas 5 denuncias de clientes que decían que habían tenido que abonar cargos extra para cancelar sus facturas, según confirmó el titular del organismo, Javier González.

En medio de una jornada caracterizada por un gran movimiento de gente, porque por primera vez abrieron los bancos para trámites del público con turno, a lo que se sumaron el pago de jubilaciones y de Asignaciones Universales por Hijo, y como ya viene ocurriendo desde la semana pasada, se sumaron los que querían pagar las boletas de servicio, la mayoría en efectivo. Muchos no tienen cuentas bancarias para utilizar los sistemas de los bancos, como el homebanking, o les cuesta manejar los cajeros automáticos. Por eso la opción son las redes de los San Juan Servicios, o los extrabancarios, como Rapipago y Pago Fácil. Algunos locales de estas dos últimas están en la mira de Defensa del Consumidor, por la sospecha, corroborada con al menos 5 denuncias, es que algunos cobran cargos extra para pagar las facturas.

Algunos sitios de pago reciben sólo tarjeta de débito y no permiten operar con efectivo.

Incluso ayer, según dijo González, salieron inspectores del organismo a comprobar lo que estaba sucediendo. Pero hoy será una tarea que se encarará desde primera hora porque se trata de una práctica ilegal.

Aquel punto de cobranza que sea detectado podrá ser sancionado, según la Ley Nacional de Defensa al Consumidor, con una multa que va desde los 500 a los 5 millones de pesos. Y también puede caber la clausura del local.

Para poder aplicar las sanciones, desde Defensa al Consumidor recordaron que está disponible la línea 08003333366 para efectuar las denuncias, y recomiendan conservar el ticket o comprobante para que el organismo pueda actuar.

Los inspectores también verifican el plan de precios máximos.