Septiembre de 2008

El gobernador le pidió a Guillermo De Sanctis que investigara algunos juicios de expropiaciones y después, ordenó iniciar un sumario para saber si abogados de Fiscalía de Estado actuaron bien en los juicios.

Abril de 2009

El Ejecutivo impulsó una ley de reforma del procedimiento de expropiaciones. Se hizo para evitar pagos excesivos, como venía pasando. Se impuso que sí o sí intervenga el Tribunal de Tasaciones.

Agosto de 2010

José Luis Gioja echó a Norberto Baistrocchi como abogado de Fiscalía de Estado. Fue porque, según el sumario administrativo, fue negligente en el manejo de ocho causas por expropiaciones que tenía asignadas.

Septiembre de 2010

El fiscal de Estado, Mario Díaz, dijo que habría que investigar también a los jueces que intervinieron en los juicios de expropiaciones sospechados. El Colegio de Magistrados se lo recriminó.

Noviembre de 2010

Por orden de Gioja, el secretario general de la Gobernación, Walter Lima, hizo una denuncia penal para determinar si hubo delito. Se apuró porque el Estado tenía 20 millones a pagar en el corto plazo.

Diciembre de 2010

La jueza María Inés Rosellot hizo lugar a una medida cautelar planteada por Fiscalía de Estado y ordenó suspender todos los juicios de expropiaciones que hay en trámite en Tribunales. Son unos 300 procesos.