Agosto de 2010

Gobierno echó a Norberto Baistrocchi como abogado de Fiscalía porque, según un sumario, fue negligente en ocho causas por expropiaciones. Fue la base de las sospechas.

Septiembre de 2010

El por entonces fiscal de Estado, Mario Díaz, dijo que habría que investigar también a los jueces que intervinieron en los juicios. El Colegio de Magistrados se lo recriminó.

Noviembre de 2010

Por orden de Gioja, el secretario general de la Gobernación, Walter Lima, hizo una denuncia penal. Se apuró porque el Estado tenía 20 millones a pagar en el corto plazo.

Diciembre de 2010

La jueza María Inés Rosellot hizo lugar a una cautelar de Fiscalía de Estado y suspendió todos los juicios de expropiaciones que hay en trámite en Tribunales. Son unos 300.