Septiembre de 2008

El gobernador José Luis Gioja le pidió a Guillermo De Sanctis, por entonces su asesor, que investigara algunos juicios de expropiaciones. Más tarde, ordenó iniciar un sumario para saber si abogados de Fiscalía de Estado actuaron bien en esos procesos defendiendo los intereses de la provincia.

Abril de 2009

El Poder Ejecutivo impulsó una ley de reforma del procedimiento de expropiaciones. Se hizo para evitar pagos excesivos por parte del Estado, como venía pasando. Se impuso que sí o sí intervenga el Tribunal de Tasaciones, ya que antes algunas veces las pericias del mismo no se tuvo en cuenta por distintas razones.

Agosto de 2010

José Luis Gioja echó a Norberto Baistrocchi como abogado de Fiscalía de Estado. Fue porque, según el sumario administrativo que se realizó en el organismo por orden del Gobernador, el profesional fue negligente en el manejo de ocho causas por expropiaciones que tenía asignadas.

Noviembre de 2010

Por orden de Gioja, el secretario general de la Gobernación, Walter Lima, hizo una denuncia penal para que la Justicia determine si en los juicios de expropiaciones de cometieron delitos para estafar al Estado. La provincia tenía 20 millones de pesos a pagar en el corto plazo por esos procesos.

Diciembre de 2010

La jueza María Inés Rosellot, a cargo de la megacausa, hizo lugar a una medida cautelar planteada por Fiscalía de Estado y ordenó suspender todos los juicios de expropiaciones en trámite. Son unos 300 procesos y es para evitar que la provincia pague injustamente por juicios supuestamente irregulares.

Abril de 2011

Aparte de la causa inicial, que se disparó con la denuncia del Gobierno, la jueza Rosellot abrió otro proceso contra los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday por sospechar que estafaron a sus clientes en juicios de expropiaciones. Los mandó a detener y ordenó allanamientos.