Desde ayer,  como adelantó DIARIO DE CUYO, entró en vigencia el nuevo valor de las multas por violar el distanciamiento social. El incremento de la máxima sanción económica será del 722 por ciento, ya que pasó de 150 mil pesos a 1,2 millones de pesos. No es lo único que se agravó, ya que la pena por días de arresto pasó de 30 a 60, además de contemplar el castigo de clausura de un negocio y el decomiso de objetos, como un equipo de música en un festejo no permitido.

La intención del Gobierno provincial es evitar el relajamiento social y que se multipliquen los casos de ingreso de personas y movilidades a la provincia por huellas y pasos alternativos, las fiestas clandestinas y la aglomeración en restoranes.

La ley de necesidad y urgencia que incorporó los agravantes en el Código de Faltas de la provincia fue firmada por el gobernador Sergio Uñac y entró en vigencia ayer.

Las penas

Una de las maniobras detectadas por las autoridades tiene que ver con el ingreso de personas a pie, en bicicleta o en autos y camionetas por provincias limítrofes (principalmente de Mendoza) hacia San Juan por caminos o huellas paralelas. Los camioneros que entran con carga lo hacen por los corredores seguros, pero se han dado casos de personas que van ocultas en el interior del vehículo. De esa manera, "si se evade un control de ingresos de personas a la provincia con el fin de evitar el examen para la detección de algún virus o el cumplimiento de la cuarentena", la sanción para este infractor se ve agravada dado que puede ser de hasta 20 mil Jus. Este último es una unidad de medida, en el que cada Jus equivale a un litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el total da 1,2 millones de pesos, de acuerdo a los valores actuales.

Otra situación que revela la falta de cumplimiento del distanciamiento social y las medidas de protección sanitaria es la de las fiestas clandestinas, en las que muchos de sus participantes fueron detenidos por la Policía y enjuiciados en el procedimiento especial de Flagrancia. En el caso de que los infractores no llegasen a caer ante la Justicia Penal y fuesen detectados y sometidos a la Justicia de Faltas, también enfrentarán multas desde el organizador hasta los invitados, cuyo valor tope supera el millón de pesos. En este caso podría operar también el decomiso de objetos, como el equipo de música o de luces del lugar, al igual que la clausura si se trata de un salón habilitado.

Y el último eslabón que el Ejecutivo quiere evitar es el amontonamiento en restoranes y bares, un panorama que se ha visto en dichos locales, lo que refleja un incumplimiento en cuanto a la cantidad de personas permitidas por los protocolos y el respeto al distanciamiento social. En igual sentido, la sanción económica puede recaer tanto en los clientes como en los propietarios. A estos últimos también les puede caber la clausura de su establecimiento. Además, a los infractores de los tres casos les puede tocar el castigo de arresto, el cual se incrementó de 30 a 60 días. Tal modalidad implica quedar alojado en un lugar en el que no se encuentren personas procesadas ni condenadas por la Justicia, como en una comisaría.