Luego de que el miércoles pasado finalizara el plazo para que los municipios presenten los proyectos para acceder al Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), en el Ejecutivo estimaron que entre julio y agosto comenzarán las obras. Hasta ese plazo, las comunas serán sometidas a un proceso de evaluación para determinar si cumplieron con los requisitos fiscales y si el proyecto que presentaron es viable y se puede ejecutar. Si una comuna no cumple con las pautas fiscales, sus recursos serán repartidos en el resto de los distritos que tuvieron el OK.

El Fodere fue creado en 2018, dentro de la ley de coparticipación municipal. De la totalidad de los recursos que las comunas reciben de la provincia, el 3 por ciento se destina para constituir el fondo. Así, en 2019 se acumularon unos 220 millones. Por la crisis sanitaria por el coronavirus, el Ejecutivo dispuso que 100 millones se distribuyan entre los municipios para encarar la lucha contra el virus en gastos sanitarios, de seguridad y ayuda social. El resto de la plata se sumará a lo que se reparta este año.

La obra pública, incluida la municipal, es una de las actividades habilitadas durante esta cuarentena. Además, representan obras que los intendentes pueden mostrar dentro de su gestión de gobierno y servirán para generar mano de obra y reactivar en algo la economía.

Para este 2020, el Ministerio de Hacienda calculó que el Fodere iba a constituirse con 295 millones de pesos, aunque con la baja recaudación que habrá este año, esa cifra será considerablemente menor, aseguraron fuentes oficiales. Así, con los aportes que quedaron disponibles de 2019, se estima que los recursos a repartir para este periodo rondarán entre los 250 y los 300 millones.

Bajo ese marco, los municipios presentaron el miércoles los proyectos para que sean financiados por el Fodere. Entre ellos figuran tendido eléctrico e iluminación, pavimentación, agua potable, cordón cuneta, playones polideportivos y remodelación de plazas.

Para acceder al programa, los municipios deben cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal, que establece requisitos estrictos para las comunas, como no haber incrementado en 2019 el gasto público más que la inflación, haber mantenido una relación adecuada entre la cantidad de trabajadores municipales y la población comunal, no haber subido el gasto corriente nueve meses antes de un cambio de mando y, por último, no haber incrementado la deuda municipal más del 10 por ciento de los recursos corrientes. Dicha documentación está en evaluación.