Uno de los daños colaterales en medio de la cuarentena es el que impacta en las personas que no tienen vivienda propia. Según una encuesta realizada por el Frente de Inquilinos Nacional (FIN), con la participación de la Asociación de Locatarios de San Juan; el 69% de las personas que alquilan en la provincia no puede pagar el alquiler de abril porque no le alcanza la plata. El 60 por ciento dijo que este mes percibe menos ingresos que en marzo. Además, un 39% admitió que algún miembro de la familia perdió el trabajo o sus ingresos, a raíz de la sanción del aislamiento social obligatorio.

El relevamiento se hizo por redes sociales donde se encuestaron 7.143 casos en todo el país. En San Juan la muestra incluyó a 900 inquilinos. Otro de los datos que reveló es que el 71,5% de los inquilinos locales no recibió el CBU para realizar transferencia bancaria, lo que indica la existencia de problemas con los contratos o con los locadores.

Los datos son alarmantes a nivel nacional, pero en San Juan la situación es aún peor.
VÍCTOR BAZAN - Pte. Asoc. Locatarios San Juan

A nivel nacional, el 41,9% de las personas que alquilan no han podido pagar abril, el 58,4% recibió menos plata que el mes pasado y el 34,1% sufrió desempleo.

""Los datos son alarmantes a nivel nacional, pero en San Juan la situación es aún peor, son desastrosos. Superamos los porcentajes de la media nacional en todas las preguntas", dijo Víctor Bazan, presidente de la entidad local. El dirigente indicó que le llamó "mucho la atención" el número de gente que no puede afrontar el alquiler, aunque no se le preguntó si total, o parcialmente. De cualquier manera dijo que le "impactó la razón expuesta", que es porque la mayoría tiene trabajo informal o es cuentapropista; y le ha disminuido o desaparecido su sueldo. "Hay muchos trabajadores informales, que trabajan por su cuenta y no tienen ingresos fijos. Ese sector esta desamparado", señaló.

El 29 de marzo pasado, el Gobierno nacional emitió un decreto con varias medidas para los inquilinos, tales como congelar los precios de los alquileres con los valores de marzo de 2020, suspender los desalojos mientras dure la cuarentena y prorrogar todos los contratos que venzan durante el aislamiento obligatorio hasta el 30 de setiembre. También se decretó la obligación a los propietarios a proveer una cuenta bancaria para realizar las transferencias. Bazan dijo que en la provincia hace falta que el Gobierno provincial le dé un marco institucional a la entidad que él preside para que se le pueda dar cumplimiento a esas medidas que no se cumplen (ver recuadro). Por eso han elevado los resultados de la encuesta al gobernador Uñac. Entre los pedidos, se busca crear la Defensoría del Inquilino, que funcione como un área de contención y asesoramiento jurídico, con un teléfono y sitio físico, que permita también captar las denuncias de abusos del sector inmobiliario. Además quieren lograr la construcción de un barrio a través del Instituto Provincial de la Vivienda para el sector, con un mecanismo de ahorro previo o con un seguro que permita el recupero de las cuotas de la vivienda en casos de desempleo.

Conflictos

Entre los abusos de los locadores, Bazán dijo que hay inquilinos están recibiendo amenazas de desalojo pese a esta prohibido en cuarentena, sobre todo de propietarios que viven en el mismo consorcio y comparten la electricidad. Sobre la reticencia de entregar el CBU, supone que es porque no tienen declarados los inmuebles o los contratos son informales. Dijo que algunos han puesto "delivery" para ir a cobrar a domicilio, con un recargo de 100 pesos. Otros dan dos CBU -para partir el monto del alquiler en dos- y hay casos que cobran entre 55 y 10% para hacer transferencias bancarias.

Impacto del alquiler

50 por ciento de los ingresos familiares se lleva el pago del alquiler en San Juan.