Ayer, la Comunidad de Sordos de San Juan y los intérpretes de lengua de señas argentina participaron de un abrazo simbólico que se hizo a nivel país para reclamar por los derechos de ambos sectores. En la provincia, la protesta apuntó a que se aplique la ley provincial 7.412 que se sancionó en el 2003 y que, según dicen, aún no se reglamentó. Con su aplicación, los intérpretes tendrían una fuente laboral más amplia y asegurada con un salario establecido, y los sordos podrían solicitar su servicio gratis para acceder, entre otras cosas, a una educación bilingüe en todos los niveles del sistema escolar. Desde la Dirección de Discapacidad no respondieron para explicar si la norma sigue sin ser reglamentada, ni los motivos.

"Sin la aplicación de la ley se están violando los derechos de todos. A los hipoacúsicos se les niega el derecho de contar con el servicio gratuito de un intérprete que es su nexo con el mundo, y a los intérpretes se nos niega el derecho de trabajar y de cobrar un salario digno por nuestro trabajo", con estas palabras fundamentó el reclamo Noelia Sánchez, intérprete de lengua de señas y profesora de este "idioma".

Por su parte, Romina Pereyra, otras de las intérpretes, dijo que no está regulado el tema de los honorarios que deben cobrar por su servicio. Agregó que, por esta falta de regulación, cobran hasta menos de la mitad de lo que cobran en otras provincias. "Nos manejamos con un canon que rige en Buenos Aires, que es de 300 pesos la hora. Pero, acá cobramos entre 100 y 150 porque la gente no puede pagar más. Quienes nos contratan son personas que necesitan que las acompañemos a realizar trámites personales y hasta para que le traduzcamos lo que les dice el médico", dijo Pereyra.

La ley provincial establece que "toda dependencia oficial de los tres poderes del Estado y entidades privadas prestadoras de servicios públicos, en cuyas dependencias se efectúa atención al público deberán contar con el servicio de un intérprete, al igual que en las escuelas integradoras que albergan alumnos sordos e hipoacúsicos". En pocas reparticiones se aplica esta exigencia. "Yo trabajo de intérprete en un colegio privado integrado al servicio de un alumno hipoacúsico. El sueldo lo paga Desarrollo Humano, como en el caso de una DAI (docente auxiliar inclusiva). El monto es de 1.100 pesos por mes, y llevo 7 sin cobrar todavía", dijo la joven.

Irma Rodríguez, presidente de la Comunidad de Sordos, dijo que "hace años" vienen luchando para que esta ley "se reglamente y aplique" porque no todas las personas con esta discapacidad tienen los recursos para contratar a un intérprete.

Pese a esta realidad, son 200 personas las que, en promedio, hacen el curso de Lengua de Señas Argentinas en la Facultad de Filosofía, de la UNSJ. Dura 3 años y medio y cuesta 6.000 pesos.

Testimonios

• Trabajo limitado

Romina Pereyra hace 10 años que se graduó como intérprete de lengua de señas argentina. En todo este tiempo no pudo conseguir un trabajo estable. "La mayoría de los trabajos pasan por acompañar a una persona sorda a realizar trámites, aunque también me contrataron para ser intérprete en un juicio. Fuentes laborales hay, pero no nos tienen en cuenta", dijo.

• De alumna a profesora

Noelia Sánchez es intérprete de lengua de señas argentina desde hace 4 años. Apenas se graduó se transformó en profesora y coordinadora de los cursos de esta lengua que se dictan en la Facultad de Filosofía, trabajo que le deja un poco de ganancia. "Parte de la cuota que pagan los alumnos me queda como sueldo, es muy poco, pero por lo menos es estable", dijo.

• Responsabilidad y ética

Para María Laura Sánchez está desvalorizado el trabajo de un intérprete de lengua de señas argentina, profesión que desempeña desde hace 4 años. "Esta profesión requiere mucha responsabilidad, ética y concentración. El intérprete es el nexo de la persona sorda con el resto del mundo, si el intérprete comete una falla en la comunicación puede transmitirle un mensaje equivocado", dijo.

En reclamo de los derechos

En la provincia, como en el país, también se realizó ayer un abrazo simbólico en el que miembros de la Comunidad de Sordos y los intérpretes reclamaron por la reglamentación y aplicación de la ley que reconoce a la lengua de señas como una lengua y que establece la prestación gratuita del servicio de los intérpretes y regula algunas condiciones laborales como la creación de un registro provincial con los intérpretes habilitados. El reclamo se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo y con la participación de unas 200 personas que se congregaron pese a las altas temperatura.