Por orden del gobernador Gioja, el secretario general de la Gobernación, Walter Lima, hizo una denuncia penal en noviembre para determinar si hubo delito en el tema de las expropiaciones. La presunción oficial es que hay abogados, ex funcionarios y hasta jueces, en una suerte de sociedad, que hacían negocios apelando a maniobras delictivas para que el Estado pague mucho más de lo que corresponde. Investiga la jueza penal María Inés Rosellot.