Compulsa Bustos
Los procesos en marcha
�Se trata de un proceso que es continuidad de la llamada causa Bustos, en la que aparecen como víctimas, por ejemplo, el gobernador José Luis Gioja y el cortista José Soria Vega. Los acusados son Rubén Arturo Ortega, Gustavo Ramón De Marchi, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio, Juan Carlos Mendez Casariego y Osvaldo Benito Martel. Se trata de exmilitares que cumplieron funciones en el RIM 22 para la época del último golpe militar. En el caso de De Marchi, está prófugo de la Justicia y tiene pedido de captura internacional.
En esta causa hay 62 víctimas, de las cuales 60 fueron sometidas a privación de la libertad, 4 fueron ejecutadas por el aparato represivo, 57 sufrieron tormentos agravados y 10 padecieron violación de domicilio. Incluso hay dos víctimas de violación.
Causa Nívoli
�Se trata de las detenciones a estudiantes, gremialistas y dirigentes políticos con anterioridad al golpe militar del ‘76, es decir que se trata de detenciones ilegales y de torturas que se habrían producido en la etapa democrática previa a la caída del Gobierno de Isabel Perón.
Las víctimas, que son 37, denunciaron que fueron sometidas a interrogatorios con el uso de violencia en el RIM 22 y no en el Penal de Chimbas, como en otros casos.
Los imputados son Darvin Mejías, Cruz Alejandro Olmos, Nicolás Manrique y Oscar Amidey. Todos son expolicías y se encuentran con prisión domiciliaria por razones de salud o por haber superado los 70 años de edad. También están acusados Olivera, De Marchi, Martel, Gómez, Cardozo, Alaniz y Melo. Enrique Graci Susini fue beneficiado con una falta de mérito.
Causa Mazzitelli
�Se trata de una causa formada por la acumulación que se hizo el 19 de junio de 2009 de los 20 casos iniciados hasta ese momento por víctimas desaparecidas durante la última dictadura militar. En este trámite, la única causa que tenía un imputado, Alejo Andrés Medina, era la de Florentino Arias y José Rolando Scadding, pero no alcanzó a ventilarse en juicio porque el acusado falleció el 20 de agosto de 2011, antes de que se iniciara el megajuicio que comenzó el 7 de noviembre de ese mismo año. El resto de los casos no tiene imputados hasta el momento.
Esta causa tiene la particularidad de que hay un testigo que fue amenazado poco después de declarar. Por eso intervino el Programa de Protección de Testigos, dependiente del Programa Verdad y Justicia de la Nación.