San Juan, 15 de julio.- Pasó a un cuarto intermedio hasta mañana por la tarde la reunión que se concretó durante la mañana de hoy, en la subsecretaría de Trabajo, para intentar resolver el conflicto generado a partir de la suspensión de unos 300 trabajadores de IVISA, la empresa concesionaria de bingos y casinos. Es que las partes decidieron esperar a conocer lo que resuelva mañana el gobierno, respecto a las medidas a seguir para combatir la gripe A.
Pasó a un cuarto intermedio la conciliación por las suspensiones
El encuentro se cumplió esta mañana en la Subsecretaría de Trabajo, para intentar destrabar la situación
generada a raíz de que IVISA, concesionaria de los casinos y bingos, tuvo que cerrar las salas para cumplir con la
medida sanitaria preventiva dispuesta por el Gobierno y decidió suspender sin goce de haberes a unos 300 trabajadores.
El encuentro de hoy fue encabezado por el subsecretario Luis Salcedo Garay y contó con la presencia del gerente de recursos humanos de la firma, Alberto Pérez, y de Raúl Ávila, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.
En la negociación de hoy se tuvo en cuenta la Resolución 471, del Ministerio de Trabajo de la Nación, que prohíbe a los empleadores, hasta el 18 de julio inclusive, reducir haberes de los trabajadores en uso licencia al estar incluídos en alguno de los grupos de riesgo de contagio de gripe A. San Juan adhirió con el decreto 700-MG.
Es que ayer, ese sector de trabajadores cortó el tránsito en Mendoza y Santa Fe, protestando contra el descuento de los días en que permanecen cerradas las salas.
En tanto esta mañana, el presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez, se refirió a la obligatoriedad de los sorteos de quiniela y ratificó que en la tarde de ayer la empresa fue notificada por el gobierno ya que "está obligada a cumplir el contrato, independientemente de los conflictos que tenga con sus empleados". Y agregó que si no lo hace, entonces habrá sanciones económicas, que consisten en un porcentaje de la recaudación diaria que se pierda, que, en promedio, ronda los 350.000 pesos. Si persiste el incumplimiento, "entonces hasta les podemos revocar el contrato del procesamiento de datos de la Quiniela", dijo el funcionario.