Frente a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar hasta el 31 de enero del 2021 el congelamiento del precio de los alquileres y la suspensión de los desalojos, en el sector inmobiliario local advirtieron que cuando cesen los efectos de la medida habrá una catarata de desalojos. Es porque la decisión posterga el pago de la actualización, pero se sigue acumulando, y en algún momento el inquilino deberá hacer frente a la cancelación de la diferencia. Y como habrá transcurrido casi un año desde que se adoptó la disposición, en marzo pasado, será una suma abultada que muchos no podrán afrontar. Además, según un informe nacional, en San Juan hay alrededor de un 4% de locatarios que directamente ha dejado de pagar.

"Es una medida desproporcionada, compulsiva, que sólo carga en una de las partes todo el peso de la situación", señaló Josefina Pantano, del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Y precisó que muchos contratos ya venían con valores desactualizados desde marzo, cuando se tomó la medida, y seguirán así, al menos, hasta febrero del año próximo. Con una inflación que este año se estima que superará el 40%, cuando se levante la disposición habrá un atraso del orden del 35%, calculó.

Mauricio Turell, de la Cámara de Construcción e Inmobiliaria, dijo que "estamos frente a una bomba a punto de explotar que no sabemos en qué va terminar".

Lo que se conoció ayer es la decisión oficial, a través de un decreto, de congelar hasta el 31 de enero del año próximo el precio de los alquileres, que deberán mantener los valores vigentes a marzo pasado, cuando se dictó un decreto de necesidad y urgencia en medio del inicio de la cuarentena por el coronavirus. También quedan suspendidos los desalojos y el plazo de vigencia de los contratos. Pero cuando el alcance de las medidas se acabe, el inquilino deberá hacer frente al pago de las diferencias. Y cuando no pueda hacerlo, por las sumas abultadas, al propietario no le quedará otra que iniciar un juicio de desalojo, tal como lo establece la legislación vigente. Hay una instancia de mediación previa, pero no siempre sirve. Turell también advirtió que hay inquilinos que han dejado de pagar los servicios de agua y hasta los de luz y gas, que tampoco se pueden cortar. Lo que hará que a los propietarios de los inmuebles les quede una deuda enorme.

Hipotecas

El segundo de los decretos del Gobierno nacional prolongó también el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios UVA para vivienda única hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país. Era una medida que esperaban los beneficiarios de esos préstamos.

Atraso

35  Es el porcentaje que en el sector inmobiliario estiman que deberían aumentar los montos de los contratos de alquiler a febrero, por incidencia de los efectos de la inflación.

Ejecuciones

El decreto del Ejecutivo nacional dispone, entre otras medidas, suspender las ejecuciones hasta el 21 de enero del 2021, sean "hipotecarias, judiciales o extrajudiciales", medida que alcanza a los "lanzamientos ya ordenados" y que no se hubiesen llevado a cabo. Por eso están parados también los desalojos por irregularidades en el pago.

• "No es la solución a los problemas"

Frente a la disposición oficial, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), que agrupa a entidades de todo el país, dio a conocer su posición a través de un comunicado en el que sostiene que la decisión "no es la solución a los problemas". Y agrega que el DNU resultó oportuno y paliativo para una crisis mundial sin precedentes, siempre basada en su aplicación temporal y teniendo como espíritu rector el esfuerzo compartido de las partes para superar una etapa de gran incertidumbre, ante un factor nuevo e imprevisible que había que superar, pero que a la postre ha quedado evidente que necesita, más que ser superado, de una ordenada transición, atento que desconocemos el tiempo, cada vez más extenso, que está necesitando este virus para ser combatido y derrotado, resultando a las claras que las medidas que se tomen no pueden seguir siendo de naturaleza transitoria sino que deben apuntar a regular en un estado de normalidad hoy denominado "la nueva normalidad" que aunque resulte dificultoso incorporar como nueva forma de vida, es nuestra obligación sobreponernos y continuar trabajando y vinculando nuestras relaciones de la forma más ordenada, justa, equitativa y pacífica posible.

Consideramos que continuar ampliando indefinidamente medidas extraordinarias no traerá solución a la nueva forma de vivir de los argentinos y por el contrario, sólo generará más disconformidad de los que consideren vulnerados sus derechos, ante la lamentable existencia de casos en los que alguna de las partes no comprendió que el esfuerzo no puede recaer en una sola de las partes, ya sea locador o locatario, sino que el equilibrio exige que el esfuerzo sea compartido entre todas las partes.

A todo esto habrá que sumar el grave problema que aqueja al sector inmobiliario, que se encuentra invadido de operadores irregulares ejerciendo ilegalmente el corretaje inmobiliario, ajenos al control que los colegios profesionales ejercen por delegación del estado.