El Gobierno nacional envió al Congreso cuatro proyectos de ley vinculados con temas de Seguridad que busca ampliar las herramientas para la lucha contra el delito e incorpora elementos para endurecer penas en caso de reiterancia. Se trata de una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia y modificaciones para los casos de legítima defensa.
En el caso de la nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. Contempla cuatro aspectos claves: Se circunscribe a la comisión de delitos que involucren tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
Sobre Reiterancia, de acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.
El proyecto sobre Legítima defensa propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual. Comprende no sólo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojara o trabajara, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.
Se incorporan también precisiones que ya ha recogido la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.
Son medidas que el Gobierno Nacional considera “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas”.