El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe que aborda la situación de los derechos humanos en el mundo, y en su análisis sobre Argentina, alerta sobre la corrupción que tuvo lugar durante el Gobierno de Alberto Fernández.
El documento resalta que, si bien la ley argentina contempla sanciones penales por corrupción de funcionarios, el Gobierno no las implementó de manera efectiva.
Se mencionan numerosos informes de corrupción gubernamental, indicando que las instituciones débiles y un sistema judicial politizado dificultaron los intentos de frenar esta problemática.
En particular se menciona el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros implicados, acusados de recibir y pagar sobornos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015. La sentencia preliminar condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos, aunque aún no es definitiva.
Además, se destaca el caso del exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico. Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder sus privilegios de inmunidad y ser destituido de su cargo por mal desempeño de funciones.
El informe también menciona desmanejos en las fuerzas de seguridad, donde se ha detectado corrupción y complicidad oficial, incluyendo extorsión y protección a involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la trata de personas. Tales prácticas han sido objeto de acusaciones tanto en tribunales provinciales como federales.