El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se sumó a la embestida internacional por la liberación de la activista Milagro Sala, motorizada por el kirchnerismo y la izquierda afín. El titular del organismo continental no pidió orgánicamente la "inmediata liberación'' de la líder de la Tupac Amaru sino a título personal y en base a las impresiones que le transmitieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros grupos como el Centro de Estudios y Legales y Sociales de Horacio Verbisky. 

Es decir, Almagro actuó por impulso tras escuchar una sola campana, olvidando a la actuación de la Justicia y desconociendo las 60 causas delictivas en las que está imputada, sin contar varias que la propia justicia y el poder político hicieron prescribir hace algunos años. 

No es que la Justicia detuvo a Sala y después se armaron las causas, como insiste la versión de la izquierda internacional para hacerla aparecer como una "presa política'' por sus ideales cuando existen pruebas contundentes de la comisión de graves delitos. También pesan las razones de mantenerla detenida por la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de las investigaciones, en virtud del violento accionar de la organización de Sala, cuando presiona para lograr la liberación. 

El Gobierno nacional ha respondido con firmeza a los reclamos internacionales, observando la evidencia aportada en los expedientes judiciales, y la referida a las relaciones de dominio e influencia que Sala conserva sobre testigos en los hechos de malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a su cargo.