Ayer hubo en Mendoza una reunión en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para tratar varios temas de coyuntura. Del convite participaron los ministros de producción de San Juan, Gustavo Fernánde; el de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu y el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, se dejó en claro que el gobierno de Javier Milei buscará desregular la vitivinicultura, de acuerdo a lo que informa hoy el diario Los Andes.
Uno de los pactos históricos dentre las dos provincias vitivinícolas es el tan mentado ‘acuerdo San Juan-Mendoza’ o ‘Acuerdo del Mosto’ para diversificar la vitivinicultura, con la idea de promover que no toda la uva tenga como destino la vinificación y se alienten nichos de negocio, como el mosto -principalmente- y la pasa de uva.
Históricamente fue, a decir verdad, un acuerdo más buscado por las autoridades y los productores sanjuaninos que por los mendocinos, pero que desde 1994 por ley obliga a que las autoridades de las dos provincias se reúnan para pactar un porcentaje de uvas que no tienen que tener como finalidad hacer vino. Desde 2018, entraron en el acuerdo destilados y exportaciones a futuro, vale aclarar.
En un principio, estaría allanado el camino para terminar con este pacto interprovincial. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con el ministro Fernández para saber con detalle la postura sanjuanina, pero hasta el momento no obtuvo respuesta en virtud que el funcionario está en un encuentro en Capital Federal que le impide responder, explicaron.
El último acuerdo entre sanjuaninos y mendocinos se selló el 24 de febrero pasado, cuando se pactó enviar el 17% de las uvas a mosto.
APORTE A LA COVIAR, ¿DEJA DE SER OBLIGATORIO?
Establecida en 2004 por la Ley 25.849, Coviar es una entidad público-privada que gestiona el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), que se creó con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector vitivinícola argentino. La corporación es financiada por las contribuciones obligatorias por Ley que hacen las empresas vitivinícolas, uno de los puntos con los que no está de acuerdo el gobierno nacional y varias entidades.
Según pudo reconstruir Los Andes, Juan Pazo, quien es el segundo del ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, estimó necesario evaluar la continuidad de la ley que da origen a la Coviar, sobre la que el funcionario opinó que debería derogarse o modificarse la obligatoriedad de la contribución transformándola en voluntaria. Además, cuestionó en función de los resultados obtenidos por el PEVI 2020, los objetivos de la entidad y su continuidad. Pero para suspender el pago de la contribución obligatoria, se debe modificar la Ley que le dio nacimiento a Coviar, por lo que su tratamiento debería pasar por el Congreso Nacional o ser derogado mediante un DNU.
Según se pudo saber, también los aportes de la Nación a Coviar a través de programas y partidas serían suspendidos. En 2023, el gobierno nacional habría realizado aportes a programas por más de $1.135 millones de pesos, asignados desde el Ministerio de Economía de la Nación. Vale recordar que en el presupuesto de la entidad, el aporte de los privados habría llegado a $527 millones de pesos.
Mario González, presidente de Coviar, minimizó el hecho y aseguró que se trató de un comentario al pasar y que no era un tema que estaba en el orden del día de la reunión del INV. “No creo que haya sido la intencionalidad del secretario de la Nación, sino que fue un comentario”, indicó a Los Andes, agregando que esperaban poder tener una reunión con el representante nacional para analizar el tema.
En marzo se dio a conocer la actualización del aporte que deben realizar las empresas a Coviar, el cual aumentó un 215% para bodegas, fraccionadores, mosteras y secaderos de pasas, los cuales pagan un aporte obligatorio sobre el producto que comercializan.
Esta no es la primera vez que el aporte obligatorio es cuestionado por entidades que lo estiman como un costo más dentro de la producción de vino. Es que las disputas en Coviar no son nuevas. En 2014 tuvo el primer golpe, tras la salida escandalosa del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
Desde 2018, diversas entidades han levantado la voz contra lo que perciben podría ser un manejo gremial por parte de las autoridades de la Corporación Vitivinícola, desviando su propósito original.
A pesar de una historia marcada por tensiones internas, estas mantenían bajo perfil público, buscando mostrar unidad. Pero las discrepancias públicas y notorias surgieron en 2019 cuando la Corporación emitió un comunicado crítico sobre el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en contradicción con la postura expresada por Bodegas de Argentina, que representa a más de 250 establecimientos, incluidos los más importantes del país. Esta disputa marcó el inicio de una relación tensa entre la Corporación y otras entidades, como Bodegas de Argentina.
Además del desacuerdo sobre el tratado de libre comercio, surgieron críticas sobre la asignación y ejecución de los recursos de Coviar. En 2020, tras la elección de José Alberto Zuccardi como presidente, se cuestionó la designación de nuevas autoridades, acusándolas de no representar la renovación esperada y de responder solo a intereses particulares.
Durante la pandemia, 260 bodegas expresaron su preocupación por el aumento del 30,1% en el aporte obligatorio gestionado por Coviar, pero no recibieron respuesta del ministro de Agricultura, Luis Basterra. Al final del año, se criticó el nuevo diseño del Plan Estratégico (PEVI), acusándolo de ser unilateral y meramente recaudatorio. Estas tensiones condujeron a la salida de Bodegas de Argentina de Coviar, una relación que nunca pudo reestablecerse.