La consigna de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del martes pasado, que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo y alrededores y que se replicó en todas las provincias del país, era la de protestar contra el desfinanciamiento del gobierno a las universidades nacionales. Pero lo que en un principio pudo ser un auténtico y genuino reclamo de la comunidad universitaria se tiñó de política al aparecer en escena reconocidas figuras del arco opositor a la actual gestión del presidente Javier Milei. Este fue uno de los motivos por los que el mandatario no le otorgó entidad a la marcha, señalando que era de carácter político partidaria; dijo que las universidades públicas adoctrinan e insistió en que estas instituciones no son auditadas como corresponde. Por su carácter autónomo las 66 universidades de gestión estatal que integran el Consejo Interuniversitario son fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), por lo que este último punto deberá ser puesto a consideración ante la intención del Gobierno nacional de iniciar dentro de poco una serie de auditorías en todas las casas de estudio en cada una de las provincias.
Si bien la marcha fue en defensa de la educación pública, no dejó de desenmascarar la real situación de las universidades públicas. Se demostró que, por ejemplo, Chile con menos habitantes y problemas sociales graves, tiene más egresados que Argentina. También quedó claro que las universidades no son gratuitas porque se financian con impuestos que pagan todos y que las becas para los sectores más necesitados son insuficientes.
Nadie duda de que las universidades tienen gastos innecesarios, exceso de profesores, y que el 95% del presupuesto se destina a salarios. El dictado de materias no es regular y la mayoría de los alumnos utilizan fotocopias para estudiar. Son muchas las deficiencias que ameritan la posición asumida por el gobierno en relación al presupuesto educativo y que están determinando la necesidad de establecer un diálogo entre ambos sectores para que la situación no se tense más y se sinceren posiciones respeto del destino de la universidad.
Lo acontecido en esta ocasión no debe ser tomado como un triunfo ni como una derrota para uno u otro sector, sino como la gran oportunidad de establecer un diálogo para que la universidad ajuste sus pretensiones a la realidad que vive el país y que el gobierno limite el ajuste a un nivel más adecuado.
El principal motivo del reclamo del sector universitario representado por directivos, docentes y alumnos, entre otros miembros de la comunidad universitaria, es que se ha llegado a marzo del 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre del 2022, en un período en que la inflación fue del 300%. Esto está provocando un desfinanciamiento que, de acuerdo a lo pronosticado, se va a agravar en los próximos meses si no hay un cambio de rumbo.
Todo este conflicto se da en el marco de una serie de cuestionamientos a la dirigencia universitaria, como ocurre en San Juan, en la que el Consejo Superior de la UNSJ ha sido duramente criticado por los sueldos de sus integrantes y por haber engrosado la planta permanente del personal con designaciones que no se han efectuado como corresponde.