Una pista de atletismo de alto rendimiento, cinco canchas de fútbol, otra de césped sintético para hockey y dos de básquet, una pileta, un gimnasio, un predio para estacionar más de 80 vehículos. Todo eso, entre otras instalaciones y servicios en el predio de unas 7,5 hectáreas del Centro de Educación Física (CEF) N°20 en Santa Lucía (se lo conoce como ‘La Granja’), fue alquilado a los alumnos y aspirantes a ingresar, deportistas, clubes y otras personas, entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022. Y de manera ilegal, pues de la extensa y minuciosa investigación encarada por el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales), se desprendió que ni quienes se alternaron en la dirección y vicedirección de esa institución, los docentes Daniel Domingo Samat y José Miguel, ni quien figuraba como presidente de la Asociación Cooperadora del CEF N°20, Mario César Sanz, estaban autorizados a cobrar alquileres de esos bienes y servicios que son públicos y de acceso gratuito. Y menos quedarse con ese dinero, precisaron.
Por eso, ahora pedirán a un juez cerrar la investigación y pasar a juicio a esos tres sospechosos, por los delitos de peculado, administración fraudulenta agravada y estafas reiteradas. A los exfuncionarios se les imputa además el delito de abuso se autoridad. Al cabo del juicio, Fiscalía buscará que sean condenados a 5 años de cárcel y que se los inhabilite para siempre para ocupar cargos públicos, dijeron fuentes judiciales.
La supervisora escolar, Sandra Vilanova, será la única que podrá despegar del escandaloso caso, pues Fiscalía no encontró pruebas contundentes que la vinculen con las maniobras investigadas y todo indica que pedirá su sobreseimiento, indicaron.
Entre los datos que arrojó la investigación, figura que en parte del período investigado la cancha de hockey fue alquilada al menos 740 veces. Y que los fraudes documentados (apenas una muestra del total) contra alumnos, clubes y otras entidades arrojó cifras que superaron el millón. Según la acusación era tal el abuso, que se cobraba por cursos para ingresantes, por colonias de veranos, por el uso compartido de una cancha, por los acompañantes que ingresaban al predio y hasta se aplicaban multas económicas a aquellas entidades que contrataban y no concurrían al turno.
Por eso fue que en Fiscalía concluyeron que los tres sospechosos causaron un perjuicio contra el Estado provincial y también contra los estudiantes, los clubes y todo aquel que pagó un alquiler en ese lugar, con la falsa excusa de que lo recaudado era para volcarlo en el mantenimiento, conservación, obras y otros gastos necesarios en las instalaciones.
Según Fiscalía, eso no era así, pues el propio Ministerio de Educación (a quien pertenece el predio) o la Secretaría de Deportes con la que existe un convenio, se encargaban de esos gastos y el mantenimiento del lugar. E incluso la municipalidad de Santa Lucía, colaboraba con la limpieza en el predio.
Fiscalía buscará, al cabo del juicio, que reciban 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación reveló que no hay ninguna resolución que autorizara a los imputados a cobrar alquileres o que permitiera canalizar esos pagos a través de la cooperadora que, en la práctica, era manejada por Jofré y Samat (hasta que se jubiló).
En su descargo, los exdirectivos, principalmente Jofré, insistieron en que solo trataron de hacer un bien porque el dinero recaudado se volcó en el CEF, que el cobro de alquileres era una práctica que databa de por lo menos 2001. Y trató a quien los denunció, Walter Vicentela, de ‘fabulador, violento, chantajista y antisocial’.