En la mira. El concejal Franco Félix (sentado, en el centro) fue llamado el jueves a prestar declaración indagatoria y se abstuvo por consejo de su abogado Leonardo Villalba. También se negó a brindar su plana escritural.

Está bajo la lupa del Juzgado Federal Nº2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, por falsificar documentos y formularios que debían ser presentados en la Anses para que beneficiarios pudieran cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata del concejal chimbero del PJ, Franco Félix, quien fue citado a indagatoria la semana pasada para que se defendiera y, cuando se lo solicitaron, se negó a dar un muestra de su escritura. Si bien no está obligado a hacerlo, su decisión no dejó de llamar la atención, sobre todo porque su secretaria, Yamilia Naveda, también imputada en la misma maniobra, no tuvo problemas en brindar su plana escritural, indicaron fuentes calificadas.

Tras un sondeo, hay "biblioteca jurídica" hacia ambos lados sobre la negativa de revelar la escritura. Para algunos, constituye un indicio de culpabilidad para ser valorado mientras que para otros no. No obstante, los investigadores pueden echar mano de escritos y firmas del concejal para cotejarlos con lo que está estampado en los documentos adulterados y, a través de una pericia, constatar si es o no el autor de la falsificación. Félix está imputado dentro de la figura que contempla a todo aquel que "hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio". Y si aún así no pudiera comprobarse su responsabilidad directa en la maniobra de falsificación, está en la mira también por hacer "uso de un documento o certificado falso o adulterado", un tipo penal que castiga "como si fuere autor de la falsedad", según establece el Código Penal, explicaron las fuentes. La escala contempla una sanción que va de uno a seis años de prisión, por lo que, como no cuenta con antecedentes condenatorios, no iría a prisión en el caso de que llegara ser encontrado culpable.

El escándalo se sumó al clima caldeado que venía atravesando el Concejo Deliberante chimbero en el plano político. Y Félix, que sigue en su cargo, ya había vivido una delicada situación personal que denunció en la Policía (Ver aparte). 

Todo estalló el 3 de octubre del año pasado, cuando otro concejal, Norberto Ruarte, radicó la denuncia en la Fiscalía Federal, a cargo de Francisco Maldonado, contra su colega. En la presentación, señaló que Félix y su secretaria, Naveda, estarían emitiendo certificaciones médicas y documentos truchos para ser presentados en la Anses. ¿El motivo? Facilitarles el cobro a las personas que perciben la AUH, ya que a los que reciben el beneficio social se les descuenta en forma mensual un 20 por ciento de la asignación y ese dinero se entrega todo junto a fin de año, cuando los tutores de los menores llevan a Anses un formulario en donde consta que los chicos fueron a la escuela normalmente y se realizaron un control médico. ¿Cómo habría sido la maniobra? Insertar en los formularios médicos un sello y la firma de la médica Verónica Segovia, que aparecía con la matrícula profesional 2.742. Pero la profesional aclaró que su matrícula es 2.846 y desconoció lo estampado en los documentos. Los investigadores luego comprobaron que la primera de las matrículas es de un médico fallecido. Tras una serie de allanamientos, Gendarmería secuestró de las oficinas de Félix una PC y documentación.

CLIMA CALDEADO
 

Puja en el Concejo

El intendente Fabián Gramajo llegó al poder en Chimbas con el respaldo de seis de los diez miembros del Concejo Deliberante. Con el correr de la gestión y reclamos cruzados, perdió a tres de ellos: César Luján, Norberto Ruarte y Marta Arredondo. En principio, el alejamiento de los ediles le hubiera significado al jefe comunal no contar con la mayoría para aprobar las ordenanzas, pero tanto él como sus alfiles supieron tender puentes con los opositores para avanzar con las normas. No obstante, en diciembre se dio una dura pelea por la aprobación del presupuesto. Luego del freno que le imprimieron sus exaliados a la sanción, los oficialistas y opositores que le respondían no dieron quórum en una sesión clave y el presupuesto quedó aprobado por el paso del tiempo sin debate en el legislativo.

Denuncia

En julio del año pasado, Franco Félix denunció en la Comisaría 17 que su exnovio lo golpeó y lo ató en una cama luego de un ataque de celos. El concejal había contado que su expareja le revisó su celular y le recriminó ciertos contenidos. Como el involucrado se quiso llevar el teléfono, comenzó una discusión que terminó de la peor manera. Según había narrado el edil, su exnovio le pegó con el palo de un lampazo en la zona de la sien derecha y le asestó trompadas y patadas. En el suelo, lo ató de manos y pies a una cama con un elástico (Félix dijo que esto no ocurrió, pero fuentes policiales lo confirmaron). El sospechoso, antes de marcharse, rompió los vidrios de las ventanas y un televisor. Félix dejará su cargo el 10 de diciembre, ya que no tuvo un lugar en la lista de concejales de Gramajo.