La Interpol de Argentina emitió ayer una “circular azul” para localizar u obtener información sobre el paradero del ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) Antonio “Jaime” Stiuso, a pedido de la UFI-AMIA y satisfaciendo un reclamo de la presidenta Cristina Fernández. Pero en paralelo el fiscal federal Guillermo Marijuán desestimó un pedido del Gobierno para que la Justicia emita la misma “circular azul” que ya puso en marcha Interpol.
La llamada “notificación azul” de la Policía internacional, según se informa en la página web de la institución, “tiene por objeto la localización o identificación de una persona que resulta de interés en una investigación penal, o la obtención de información relativa a ella”. De esa manera, se diferencia de la “circular roja”, por la cual se requiere la captura de una persona imputada por delitos.
El pedido fue hecho la semana pasada por Sabrina Namer, una de las fiscales de la UFI-AMIA (la oficina que conducía el fallecido Alberto Nisman), que con sus compañeros de esa unidad están realizando una suerte de auditoría interna y quieren localizar a Stiuso para interrogarlo en principio como testigo. La circular se anticipó al pedido que hizo ayer el Gobierno nacional de librar una “circular azul” contra Stiuso y que recayó en el juzgado federal 5 de Norberto Oyarbide. En ese expediente, el fiscal Marijuán dictaminó ayer por desestimar esa solicitud, realizada a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por inexistencia de delito ya que la presentación no se hizo en ninguna causa penal contra Stiuso.
Stiuso fue clave en la ex SIDE (a la que había entrado muy joven, en la dictadura de Alejandro Lanusse, en 1972) durante todos los gobiernos de la actual etapa democrática. A fines de 2014 fue echado del organismo, reestructurado y ahora al mando de Oscar Parrilli, y pasó a ser considerado un enemigo por la administración “K” tras el fallecimiento de Nisman.
El ex director general de Operaciones de la ex SIDE afronta varias denuncias por supuestos delitos en la Argentina, pero en ningún caso se han librado en su contra llamados a prestar declaración indagatoria ni, menos aún, órdenes de detención.