El fiscal Federico Delgado abrió ayer una causa penal para investigar al gobierno y la Gendarmería por "encubrimiento" en la desaparición de Santiago Maldonado y recomendó separar de la causa al juez de Esquel, Guido Otranto. Mientras, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, reconoció que la "hipótesis más fuerte" apunta a la fuerza, pero "no hay prueba o pista concreta". Y el Estado nacional decidió aumentar de 500 mil a 2 millones de pesos el monto de la recompensa para quien aporte datos "fehacientes" sobre el paradero de Santiago Maldonado desaparecido el 1 de agosto tras el desalojo de una protesta mapuche en la ruta 40 por parte de Gendarmería.
La solicitud de Federico Delgado, que incluye al presidente, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Justicia, Germán Garavano, hace lugar a una denuncia que presentaron en agosto la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E. Sampay.
Los demandantes acusan al Gobierno de "encubrimiento" y de realizar un "pacto de silencio", así como de un intento de "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación", por lo que a su juicio las autoridades incurrieron en la "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".
"Tenemos la preocupación y ocupación como Gobierno y como Estado de encontrar con vida a Santiago Maldonado (…) De ninguna manera hay un encubrimiento", remarcó Marcos Peña ante la Cámara de Senadores -donde ofrecía un informe de gestión- instantes después de conocerse la resolución de Delgado.
Delgado presentó el dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que se abra el caso a investigación, reclamó que se pida copias de las actuaciones judiciales en Esquel y recomendó que el magistrado federal de esa ciudad sea apartado de la causa central, porque fue quien ordenó el procedimiento a Gendarmería y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".
"Se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal N´1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut", pidió el fiscal federal. Asimismo, solicitó que "el señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado".
Ayer viajó a Esquel el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, para poner a disposición del juez toda la ayuda del Gobierno de Mauricio Macri con la idea de trabajar juntos en forma coordinada, con todos los recursos disponibles, para saber qué pasó con Santiago Maldonado. Sin embargo, se tropezó con un freno inesperado que abre interrogantes sobre el futuro de la investigación: el juez Otranto se niega a autorizar el rastrillaje dentro del territorio tomado por el grupo Resistencia Asentral Mapuche (RAM) en Cushamen. Este lugar de miles de hectáreas es considerado por los mapuches como suelo sagrado y es allí donde se refugiaba Santiago Maldonado. El rastrillaje impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación tenía previsto hacerse hoy, pero ahora está en duda su alcance ya que si el juez persiste en su negativa se haría en zonas aledañas a este asentamiento clave.
Un llamativo faltazo
El gobierno analizó ayer con los gobernadores de Neuquén y Río Negro acciones de "cooperación y trabajo conjunto para colaborar con la Justicia" en la búsqueda de Santiago Maldonado, en un encuentro al que, llamativamente, no asistieron las autoridades de Chubut, provincia en la cual desapareció el artesano.