Atendiendo una demanda del peronismo, finalmente el Gobierno acordó, luego de meses de negociaciones con gobernadores y diputados del PJ, un aumento en el Impuesto a los Bienes Personales como parte de las negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2019 ya que se trata de un tributo coparticipable.

Así, las provincias verán recompensados en parte las pérdidas por el ajuste fiscal y a cambio el Gobierno obtendría los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2019, clave para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados, prevé subir el mínimo no imponible -el piso a partir del cual los contribuyentes deben pagar el impuesto- de los $1.050.000 actuales a 2.000.000 de pesos.

Al mismo tiempo, eleva las alícuotas para aquellos de mayor poder adquisitivo. Quienes declaren bienes entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75 por ciento -ver gráfico-.

Actualmente deben presentar sus declaraciones juradas quienes al 31 de diciembre tengan bienes gravados valuados en al menos 950.000 pesos (período 2017) y 1.050.000 (período 2018). Además, todas las personas inscriptas en el impuesto deben presentar declaración jurada aunque no tengan que pagar nada. Con la nueva ley, estos parámetros cambiarán para el período 2019.

El oficialismo espera recaudar unos 20 mil millones de pesos, de los cuales un 40 por ciento corresponde a la Nación, y de ese porcentaje se analiza destinar unos 5 mil millones de pesos a cubrir las cajas previsionales, un punto de coparticipación y aumentos de partidas para ciencia, indicaron fuentes parlamentarias.

Los bienes gravados son: inmuebles (valor fiscal o al valor de compra, el que resulte mayor), automóviles y otros rodados (los valores los publica la AFIP y se amortizan a los 5 años), billetes (moneda nacional o extranjera), cuentas corrientes bancarias, partes de fondos comunes y otras inversiones no exentas, obras de arte y antigüedades, objetos del hogar. Y están exentos los saldos de plazos fijos bancarios y cajas de ahorro, los títulos públicos y los bienes inmateriales (marcas y patentes, por ejemplo).

Para calcular el impuesto se deben sumar todos los bienes que son alcanzados (sin contar las exenciones) y aplicar las siguientes alícuotas, según el monto total del patrimonio gravado.

Por el ejercicio 2017, se aplica el 0,5% sobre los montos que excedan el mínimo no imponible de 950.000 pesos. Por ejemplo: si el patrimonio gravado es de $2.000.000, por el excedente se abonarán al fisco 5.250 pesos. El pago se puede realizar hasta en tres cuotas.

Para darle dictamen a este proyecto de reforma de Bienes Personales y otros proyectos fiscales, se reunirá hoy a partir de las 10 la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Pero la novedad de última hora ayer era que se postergaba para la semana próxima el dictamen para el Presupuesto 2019, debido a la falta de acuerdo.

Los ejes de la discusión entre Cambiemos, el peronismo y bloques provinciales son los artículos sobre la reestructuración de la deuda, y los subsidios al transporte que la Nación dejará de aportar a las empresas para sostener el precio de los boletos. Son puntos de largo debate. Sin embargo, el oficialismo confía en que finalmente alcanzará un consenso para emitir dictamen el martes próximo y el miércoles 24 se tratarán las dos iniciativas tributarias, la adenda y el presupuesto 2019, según señaló un influyente vocero de Cambiemos.

>>Presión de la UCR a jueces por Ganancias

En medio de la discusión por el presupuesto 2019, la UCR presentará en las próximas horas un proyecto para que todos los jueces, nacionales y provinciales, paguen el Impuesto a las Ganancias. Se trata de un planteo recurrente dentro del oficialismo y que busca modificar la ley 26.628, en particular el artículo 79, para aumentar la recaudación en 7 mil millones de pesos, según la estimación oficial del radicalismo.

Según la iniciativa, el artículo 79, inciso A, quedaría redactado de la siguiente forma: "Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos".

De unos 700 jueces nacionales y federales, hasta ahora sólo ocho jueces nacionales pagan el impuesto a las Ganancias.