Alberto Fernández ya puso sobre la mesa la respuesta al dilema en tiempos de la pandemia del coronavirus: salvar una vida es más importante que la economía, así lo planteó sin medias tintas desde el comienzo de la cuarentena obligatoria a las 0 horas del viernes 20 de marzo. A su vez, la cuarentena se extendió ayer hasta al menos el próximo 13 de abril. La fuerte decisión del Presidente tiene inevitables efectos sobre la economía que, por cierto, venía de cuatro años sumamente negativos.

Como sucede en el mundo que está en cuarentena, el parate económico golpea al empleo. En la Argentina, el aislamiento social decretado para contener el avance del COVID-19 pone en riesgo al 64% de los 19 millones de trabajadores, lo que representan 12,1 millones, tal como advierte el último informe de la Consultora Analytica de los economistas Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez.

En la actualidad, el aislamiento social preventivo y obligatorio habilita a que sólo un 41% de las actividades económicas mantengan sus niveles de producción en condiciones de cierta normalidad. Entre ellas, el agro, la administración pública, los comercios de alimentos, farmacias y servicios esenciales como luz, gas y agua.

Del relevamiento de Analytica se desprende que el sector comercio emplea al 19% de los trabajadores y está afectado por la cuarentena en casi 90%. Algo similar ocurre en la industria que emplea el 13% del total y tiene un 75% de sus empresas comprometidas.

Delgado señaló a un medio nacional que “alrededor de un 60% de las actividades están paralizadas, eso representa el 64% del empleo en la Argentina. De ese total, 6 millones están protegidos de alguna manera por las regulaciones laborales al estar sindicalizados, como la industria, el comercio y sectores amplios de servicios, como los públicos”. Esa estructura del mercado de trabajo formal puede constituir un “colchón” para amortiguar el shock.

Del universo total de 12 millones de puestos de trabajo, “5,5 millones de empleos presentan riesgo muy elevado, en particular los informales, los monotributistas y los autónomos”, agrega el informe que plantea una radiografía de los puestos de trabajo que están en riesgo a partir de la decisión del Gobierno de mandar a cuarentena a una parte importante de los sectores productivos. En detalle este grupo se conforma por 0,5 millones de trabajadores de casas particulares, 1,5 millones de monotributistas, 0,5 millones de autónomos y 3 millones de trabajadores no registrados ni bancarizados.

En tanto que, del conjunto más comprometido, hay 3,6 millones trabajadores que comenzarán a recibir el subsidio directo de $10 mil en abril. “Si bien la magnitud del paquete (0,2% del PBI) no puede ser suficiente si la política de aislamiento se mantiene, al menos se garantiza un ingreso mínimo temporal”, señaló Analytica.

“A medida que se trabaja en aplanar la curva epidemiológica se está profundizando la recesión en un contexto en el que un empleo que se pierde tarda mucho en recuperarse sobre todo en una economía que ya venía con problemas serios. El trade-off entre salud pública y actividad económica ya empieza a ganar centralidad”, alerta Delgado.

El análisis sostiene que para tomar real dimensión del problema que se está incubando en el mercado de trabajo, por cada 10% de los 5,5 millones de trabajadores del grupo de alto riesgo que pierda su actividad principal y busque activamente un nuevo puesto, la tasa de desempleo aumentaría 3 puntos porcentuales. Es decir, que esta proyección equivaldría a pasar del 8,9% al 13% de desocupación.

Como propuesta, los economistas sostienen que “un camino a explorar es que haya subsidios cruzados, por ejemplo, a través de alícuotas diferenciales en los aportes patronales, desde aquellos sectores formales afectados de no muy alto riesgo hacia aquellos sectores cuyos trabajadores presentan riesgo muy elevado de perder sus empleos”.

Realidad muy compleja

En el contexto anual, los empresarios pymes son los que vienen alertando por las dificultades para hacer frente a las obligaciones del giro del negocio y de los sueldos. El Gobierno destinó $350.000 millones a través del Banco Central para una línea de crédito a tasa del 24%. Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo complejo para un universo de empresas que no califican.

Desde distintas cámaras empresarias viene solicitando medidas que sean de asignación directa para poder pagar los sueldos y sostener el empleo. Desde que el jueves pasado se reabrió el clearing muchas empresas quedaron en una situación sumamente delicada, porque no pudieron afrontar las obligaciones y más de una cuarta parte sufrió por los cheques rechazados.