La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, presentó ante el Consejo Económico y Social de la provincia, cuatro proyectos de ley destinados a sanear la situación del Instituto Previsional fueguino y reformar el sistema jubilatorio.
Las propuestas de reforma fueron elevadas al Consejo, un organismo creado por la Constitución fueguina donde están representados el gobierno, los concejos deliberantes, cámaras empresariales y sindicatos.
El Consejo emitirá un dictamen no vinculante y remitirá luego los proyectos a la Legislatura para su tratamiento.
Las iniciativas buscan dotar de herramientas financieras al Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) actualmente inmerso en una crisis económica que obliga al pago escalonado de las jubilaciones.
El IPAUSS acumula un déficit de 200 millones de pesos para este año y la situación “pone en riesgo las finanzas del Estado provincial como garante final del sistema jubilatorio”.
Las propuestas para salvar la situación económica actual incluyen la declaración de emergencia previsional durante 36 meses, y con ello la fijación de un aporte especial para los jubilados de menor edad y de mayores haberes.
Así, todos los jubilados con menos de 55 años de edad realizarán un aporte del 13,8% sobre sus jubilaciones, mientras que los que perciban haberes de más de 10 mil y hasta 20 mil pesos aportarán un 8 %, y los que cobren más de 20 mil pesos aportarán el 16 %. Además, mientras dure la emergencia no se podrán otorgar jubilaciones a personas menores de 50 años, con lo que dejará de tener vigencia un régimen denominado “25 inviernos” que permite jubilarse a quienes hayan hecho aportes previsionales por ese período, con independencia de la edad que tengan.
Otro punto clave de la reforma consiste en modificar el sistema de movilidad, pasando del 82 % móvil que rige en la actualidad, a un régimen de movilidad semestral, basado en un coeficiente que relaciona la suma de aportes y contribuciones con la cantidad total de beneficiarios del sistema.
Fabiana Ríos propuso modificar el cálculo de los haberes jubilatorios, pasando del mejor sueldo de los últimos 24 meses de un trabajador, a un promedio de los últimos 120 meses.
También se establece un haber jubilatorio máximo, equivalente al 82% del sueldo de la gobernadora, y una edad jubilatoria mínima de 55 años, tanto para varones como para mujeres, con la obligación de acreditar, además, 30 años de servicios para el hombre y 25 para la mujer.
El proyecto propone, además, la derogación de otros regímenes jubilatorios especiales.