Alberto Fernández celebró la decisión de la Corte Suprema de Brasil que dejó a Lula da Silva a un paso de recuperar la libertad. A través de un tuit, el presidente electo sostuvo que “el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes. Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos! ¡#LulaLivreAmanha!”.

El hashtag (amanha significa mañana en portugués) hace referencia al hecho que la defensa del ex jefe de Estado brasileño anticipó que pedirán su liberación inmediata el viernes. “Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)”, informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.

Alberto Fernández se había expresado a favor de la liberación de Lula en numerosas ocasiones, y especialmente durante los últimos días, en distintas declaraciones públicas hechas en el marco su gira por México.

“Tal vez esté preso porque consiguió que más de la mitad de los brasileños sean parte de la clase media. Tal vez eso es lo que no le perdonaron a Lula. Eso pasó en todo el continente. Pasó en Argentina, en Ecuador y en Bolivia. Lo que no le perdonan a Evo Morales es que cambió la estructura productiva de Bolivia”, expresó el pasado martes durante un evento que encabezó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La postura de Fernández no estuvo circunscripta a hacer declaraciones. Poco después de ser ungido como candidato presidencial -en julio de este año- viajó al estado brasileño de Curitiba para reunirse cara a cara con Lula en la Superintendencia de la Policía Federal de ese país.

Allí, y en compañía del ex canciller Celso Amorim, aseguró que tuvieron “una conversación muy animada” durante la cual abordaron la coyuntura política y económica de ambos países. Además, Fernández aseguró que el proceso estaba plagado de irregularidades y lo definió como “una mácula muy fuerte al Estado de Derecho”.