Cincuenta y dos días después de anunció de la intervención, con fines de expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin, que tomó por sorpresa a propios y extraños, el presidente Alberto Fernández dio marcha atrás ayer con esa polémica medida.

En esa ocasión, el Jefe de Estado había justificado el avance sobre el gigante cerealero con asiento en Santa Fe como un "paso adelante hacia la soberanía alimentaria" del país. Sin embargo, las trabas judiciales y el descontento expresado por la sociedad con sucesivas marchas en las principales ciudades del país, terminó por frenar el avance del Estado sobre la propiedad privada.

En este contexto, Alberto Fernández estampó ayer la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una "obstrucción" empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.

En síntesis, el Presidente firmó otro DNU para anular el anterior sobre el que más tarde el propio Alberto reconociera que le sorprendió la reacción de la gente ya que él creía que los argentinos "lo iban a aplaudir" por intentar salvar una empresa agroexportadora, ícono de Argentina, de la quiebra.

"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", explicó el Presidente a través de Twitter.

De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y contra "el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", resaltó Fernández mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto.

"Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído", remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: "La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial".

"En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", insistió el jefe de Estado.

Aseguró, además que dio instrucciones a "todos los organismos públicos involucrados" para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para "preservar los intereses del Estado".

La cerealera Vicentin pasó de ser la sexta exportadora de granos y derivados de la Argentina a incurrir en cesación de pagos con una deuda cercana a los $100 mil millones.

Un vuelo corto

El 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para declararla de utilidad pública y expropiarla. Pese a la superioridad numérica del Frente de Todos, legisladores de Córdoba y Santa Fe amenazaban con no apoyar y eso ponía en riesgo su aprobación.

• El fracaso del plan Perotti, el detonante

El fracaso de la constitución de un fideicomiso entre el Gobierno de Santa Fe y Vicentin fue lo que precipitó el marcha atrás de Alberto ya que así se caía el plan del gobernador Omar Perotti.

El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, explicó que "lamentablemente no se llegó a un acuerdo, porque las dos condiciones que puso el Estado nacional y el Gobierno de Santa Fe no fueron aceptadas".

Somaglia sostuvo que "se pidió a los directivos actuales que se apartaran de la gestión de la empresa y decidieron no hacerlo. Tampoco se logró que las acciones que pedíamos sean transferidas en fideicomiso".

"Por lo tanto, hemos decidido dejar la negociación, ponerle un punto y establecer esta línea de tolerancia", apuntó el funcionario. Desde la empresa aseguraron que "las negociaciones fracasaron porque la manera en la que se busca constituir el fideicomiso representa una expropiación encubierta".