El Senado le dio la media sanción definitiva. Por el impuesto a los ricos el Gobierno espera recaudar más de $300 mil millones.

El Senado convirtió anoche en ley el llamado impuesto a las grandes fortunas o impuesto a los ricos, facilitándole al Gobierno de Alberto Fernández una herramienta fiscal que considera clave para morigerar el impacto de la pandemia en la economía y sostener los programas sociales.

Pasada las 21,30 de anoche, la iniciativa fue aprobada en la Cámara Alta por 42 votos a favor y 26 en contra (no se registraron abstenciones).

Con este nuevo gravamen, que abarcará al menos a 12.000 contribuyentes, se espera recaudar más de 300.000 millones de pesos.

El denominado Aporte Solidario Extraordinario establece que las personas físicas con patrimonios superiores a $200 millones de pesos pagarán, por única vez, un aporte que tendrá una tasa progresiva del 2% al 3,5%. En este último caso, para quienes tengan declarados en la AFIP $3.000 millones.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

El proyecto también fija que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota, aunque si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras declaradas fuera, dicho diferencial se eliminará.

Equipamiento

Lo recaudado irá hacia varios sectores. Un 20% se destinará "a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria".

Una cifra igual quedará para subsidiar "a las micro, pequeñas y medianas empresas" para "sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores".

Mismo porcentaje para "el programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación, que permitirá reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica".

El resto de lo obtenido por el tributo se dividirá en un 15% "para el Fondo de Integración Socio Urbana" (FISU), "enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares", y un 25% "a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina SA, la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF SA".

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, sostuvo ayer que el proyecto va a generar un "gran impulso" económico. Desde la oposición, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau consideró que la presión tributaria "no va a generar trabajo".

• Freno polémico a la quema de pastizales

El Senado también sancionó ayer una ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- fue aprobada por 41 votos aportados por el oficialismo, contra 28 del interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador del FDT por Corrientes Carlos "Camau" Espínola.

La oposición rechazó la norma por considerar que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, sean o no intencionales ya que la ley no distingue entre ambos.

Como miembro informante, la senadora del FDT, Ana Almirón, informó que "Argentina ardió en llamas literalmente" y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que "más del 90 por ciento" de los incendios "se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido".

• El Gobierno y los K defienden a Boudou

El exministro de Economía y exvicepresidente Amado Boudou recibió ayer el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena del exfuncionario y realizaron un "abrazo solidario" al Palacio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular del gremio de los estatales CTA, Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.

"Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades", dijo el jefe de Gabinete a través de su cuenta en la red social Twitter.

La Corte Suprema dejó firme la condena a Boudou de 5 años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone.