El juez federal Claudio Bonadio ordenó el allanamiento de los domicilios del exministro Julio De Vido y su entonces asesor, Roberto Baratta. El magistrado busca documentación para la causa que investiga una presunta administración fraudulenta en la compra de gas licuado en el año 2008.

Los exfuncionarios, que están detenidos por la prisión preventiva que ordenó este magistrado, podrían haber llevado a sus casas documentos de importancia que prueben la triangulación de unos 2 millones de dólares de los que se habrían malversado la mitad.

En la investigación ya existe una fuerte sospecha de la culpabilidad tanto de Baratta, que tuvo bajo su órbita la negociación, como del propio De Vido, superior inmediato y máxima autoridad del Ministerio de Planificación.

La decisión del juez de primera instancia llegó después de que la detención preventiva quedara ratificada por la Cámara Federal, a donde había apelado De Vido para quedar en libertad.

Los camaristas sostuvieron que De Vido "es el vital protagonista" de la trama de sobreprecios que investiga la Justicia. Según sostiene el juez Bonadio, el entonces ministro ordenó la importación de 497 barcos de gas licuado para abastecer las plantas de Escobar y Bahía Blanca. El Estado pagó 50 millones de dólares por cada buque, el doble de lo que saldría en el mercado.