Diputados acordaron un dictamen en la comisión de Legislación General sobre el proyecto de la ley de Alquileres, que podría aprobarse en la próxima sesión. La iniciativa contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.

Este consenso alcanzado por estas horas entre legisladores de Cambiemos, del Frente para la Victoria y otras bancadas provinciales permite debatir esta iniciativa en la próxima sesión que se realizará el 20 o 27 de noviembre, previo a la finalización del período ordinario.

El acuerdo fue plasmado en la comisión de Legislación General, que conduce el macrista Daniel Lipovetzky. "Esta ley la piden todos: lo trabajamos con nuestro gobierno y al presidente entrante también le parece un tema importante", dijo Lipovetzky a los periodistas.

El dictamen fue suscripto también por legisladores del Frente Renovador, Red por Argentina y Argentina Federal.

El proyecto fue redactado en base a las iniciativas impulsadas por Lipovetzky, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá.

Los aspectos centrales son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral- que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario. En ese sentido se establecen una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Otro punto clave del proyecto es que se establece que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario.

También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa. Uno de los diputados que planteó una disidencia es el macrista Pablo Tonelli, quien señaló que se debe votar "un proyecto de equilibrio que resguarde los derechos de inquilinos y propietarios". En tanto, el legislador de Hacemos por Córdoba, Juan Brugge, dijo que "la actualización debería ser semestral pero usando el índice de actualización salarial".

Cómo es ahora y qué puede cambiar

Actualmente, si el inquilino desea irse por anticipado, sin importar cuándo, debe pagar una indemnización al propietario. El proyecto que discuten los diputados contempla que si el inquilino desea irse anticipadamente y lo hace avisando tres meses antes de finalizar el contrato, no pagará indemnización.

La comisión inmobiliaria la puede pagar el inquilino o bien el inquilino y el propietario. Si bien el proyecto no establece nada al respecto, este punto quedará sujeto a las leyes provinciales.

Actualmente hay procedimientos judiciales ordinarios de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato que suelen ser lentos, salvo provincias que los abreviaron. Si prospera el proyecto, deberá sustanciarse por el proceso más expeditivo que tenga cada provincia, no por el proceso ordinario, que suele ser lento.

Por estos días hay inmobiliarias que exigen dos meses de alquiler. Si se aprueba la iniciativa, será solamente un mes de depósito como máximo y el monto no podrá ser mayor al primer mes de alquiler.

Se estila que las expensas ordinarias las paga el inquilino y las extraordinarias, el propietario. Aunque hay contratos que establecen que ambas corren por cuenta del inquilino.

La iniciativa contempla que las ordinarias las paga el inquilino y las extraordinarias, el propietario, y si hubiera algún gasto extraordinario que el consorcio incluya dentro de las ordinarias, también deberá correr por cuenta del propietario. Por ejemplo: el consorcio decide pintar el edificio y no cuenta ese gasto como extraordinario. Deberá afrontarlo el propietario, no el inquilino.