El Gobierno nacional amplió la recusación contra los jueces de la Corte Suprema por el fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La presentación la hizo ayer el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el jefe de todos los abogados del Estado. Aseguró que los jueces del máximo tribunal deben nombrar conjueces para resolver la recusación.

En diciembre, el Ejecutivo ya había recusado a los cuatro jueces de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- y había presentado un pedido de revocatoria del fallo.

Ahora, planteó que para resolver la recusación los jueces de la Corte deberían convocar a conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. "A todo evento, y si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional", dice la presentación.

En el caso de Rosatti, la ampliación de la recusación se basa en la aparición de dos hechos "nuevos": los supuestos chats entre el exfuncionario porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles (secretario de Rosatti), y el juicio político que se tramita ante el Congreso.

A fin de año, el máximo tribunal dictó una medida cautelar a favor de la administración porteña en su reclamo por la coparticipación. Dispuso que el Gobierno nacional vuelva a girarle los fondos que le había quitado. El gobierno recusó a los jueces y pidió una revocatoria del fallo. Por su parte, el Gobierno porteño denunció que la administración nacional no estaba cumpliendo la resolución y que los bonos que se anunciaron para pagar no eran la vía adecuada.

Luego de esas presentaciones se filtraron los chats ilegales entre D'Alessandro y el asesor de Rosatti. Eso disparó una catarata de denuncias penales, aunque un juez federal, Sebastián Ramos, ya archivó una denuncia argumentando que los mensajes se obtuvieron de manera ilegal. En la Ciudad sospechan que ese fallo se replicará en otras causas abiertas. 

Este capítulo por los impuestos se inició cuando Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión presidencial, subió la cuota porteña de coparticipación justificada en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad.