El Gobierno estudia cambiar la legislación de la ley de exteriorización de capitales, para permitir que se puedan suscribir los bonos del sistema con fondos provenientes de operaciones legales, ante la aguda necesidad de recursos y la baja adhesión al blanqueo que vence el próximo lunes.

Así lo hicieron saber voceros del sector corporativo luego de varias reuniones que mantuvieron las autoridades económicas con empresarios, exportadores y banqueros. Del lado oficial, los encuentros estuvieron encabezados por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quienes motorizaron el blanqueo de capitales y que hasta ahora no rindió los frutos esperados.

En todas las reuniones, las autoridades plantearon la necesidad de suscribir los BAADE, ante la inminente conclusión del plazo para adherirse al blanqueo. En todos los casos, los empresarios plantearon que existen trabas que impiden que los bonos sean suscriptos con fondos legales ya que las empresas locales no poseen fondos ilegales. ‘Existe un entramado normativo que no permite que se utilicen recursos de origen legal‘, expresó uno de los asistentes a los cónclaves.

‘Hay normas que las deben cambiar, el Banco Central, otras las deben corregir la AFIP y la Aduana y otras que requieren la modificación de la ley y del decreto reglamentario‘, enfatizó otro asistente.

Durante las reuniones, los hombres de negocios reclamaron también a los funcionarios por fondos adeudados correspondientes a reintegros por impuestos y recursos por devolución de tributos en el momento de realizarse las exportaciones.

La deuda que mantiene el fisco tanto con empresas como con exportadores supera largamente los 2.000 millones de pesos y según los empresarios ‘se busca que esos fondos puedan ser utilizados para la suscripción del bono tal como lo pide el gobierno‘. ‘Además de los cambios normativos habrá que conciliar las cuentas‘, remarcó un empresario.

La Ley de Exteriorización de Capitales, conocida como blanqueo de capitales, comenzó a regir el pasado 1º de julio y por espacio de 90 días, con el objetivo de que ahorristas pudieran, ingresando dinero o inversiones en el exterior, declararlos y regularizar su situación frente al Fisco.

La ley 26.860 habilitó el ingreso al país de dinero no declarado sin tener que precisar el origen de los fondos y con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos. A cambio, se debía optar por la suscripción de dos bonos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), que también cuenta con una versión denominada Pagaré.

Los Cedin tienen como objetivo resucitar la construcción y el sector inmobiliario luego del efecto que provocó en ambos segmentos el cepo cambiario, mientras que los BAADE buscan captar fondos para obras de infraestructura en el sector energético, principal factor de desequilibrio de las finanzas públicas. Hasta ahora, la adhesión fue muy baja, lejos de los resultados esperados por la administración Kirchner.