El Senado aprobó ayer por unanimidad un proyecto para aumentar el castigo a los implicados en trata de personas y ampliar la protección a las víctimas, que ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados para que quede convertido en ley.
En la misma situación quedó un proyecto de ley para la creación de un “Registro nacional con datos genéticos” que unifique información sobre acusados de violación. Esta iniciativa también fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Senadores, siendo girada a Diputados para su sanción definitiva.

El registro de datos genéticos por delitos sexuales es un proyecto consensuado sobre la base de iniciativas de los senadores Sonia Escudero (PJ disidente), Ramón Mestre (radicalismo) y Miguel Angel Pichetto (kirchnerismo). La norma propone crear un registro nacional de datos genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En el registro deberán figurar datos, fotografías actualizadas, domicilio actualizado y DNI de los acusados.

La finalidad del registro será facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.

Pichetto agregó que es un “gran paso” el hecho de “poder constatar el ADN sobre violadores que en general son reiterantes”.
La iniciativa sobre trata demandó la intervención de aproximadamente una decena de legisladores, encabezados por los miembros informantes de la Comisión de Legislación General, la justicialista salteña Sonia Escudero, y las oficialistas Beatriz Rokés (Tucumán) y Marina Riofrío (kirchnerismo-San Juan).

Al cerrar las exposiciones, Riofrío dijo que “hubo muchas denuncias pero pocas sentencias”. La senadora dijo a DIARIO DE CUYO antes de entrar a la sesión que hubo “voluntad política en torno a esta problemática, uno de los delitos más aberrantes. Esta ley nos compromete desde lo humano, para seguir luchando contra este flagelo”.

La totalidad de los legisladores destacaron la importancia del proyecto que apunta a crear organismos y a volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito. También establece la figura de explotación.

Durante la exposición del socialista Rubén Giustiniani, María Eugenia Estenssoro lo interrumpió para trasmitir la información que había sido hallado el cuerpo de Candela Rodríguez.
El proyecto, que modifica la Ley 26.364, incluye como principal cambio el de no contemplar el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, como atenuante de la responsabilidad de un acusado de trata de personas. El texto define la trata de personas como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.
Prevé, además, castigos cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre; cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y cuando se promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil.

Las penas contemplan un castigo de 2 a 4 años de prisión. Con agravantes, la pena va de 5 a 15 años en el caso de que las víctimas queden embarazadas o sean menores. El proyecto final que esta tarde aprobó el Senado se elaboró sobre la base de iniciativas de los legisladores kirchneristas Beatriz Rojkés de Alperovich, Sergio Mansilla, Adriana Bortolozzi, además de Liliana Negre de Alonso (justicialismo), Roy Nikish (radicalismo) y Juan Carlos Romero (justicialismo).