Los efectivos de la Gendarmería y Prefectura cumplían anoche su tercer día de protesta, a pesar de que el Gobierno depositó los complementos de los haberes que fueron recortados por el decreto 1307, y aguardaban una nueva oferta concreta para destrabar el conflicto.
Los uniformados continuaron concentrados frente a los edificios “Guardacostas” y “Centinela”, donde aguardaron la respuesta de los funcionarios nacionales, mientras se sucedían anoche las versiones de reuniones para destrabar el conflicto.
Por la mañana, el secretario de Seguridad Sergio Berni recibió su petitorio de siete puntos y se comprometió a dar una respuesta “antes del martes próximo”. Pero la negativa de levantar la protesta hasta ese día encendió luces de alarma en el gobierno y obligó a la Casa Rosada a apurar los tiempos. La orden habría sido “terminar con esto antes del fin de semana”.
El Gobierno miraba con preocupación los focos de protesta aparecidos en otras fuerzas y la posibilidad de un autoacuartelamiento que deje desprotegida a la ciudadanía. Es que con el correr de las horas, algunos uniformados de la Marina y de la Fuerza Aérea se sumaron a la protesta que tiene su epicentro en el barrio porteño de Retiro y otros puntos de concentración en el interior del país, mientras que desde la Policía Bonaerense también se impulsaron reclamos salariales.
“Hasta que no haya una resolución del Ministerio (de Seguridad) firmada, no nos vamos a ir”, amenazó Raúl Maza, uno de los voceros de los gendarmes. Por su parte, el agente de la Prefectura Naval Diego Jesús Serrano aseguró que la medida de protesta “sigue” y exhortó a los suboficiales de la Fuerza “a continuar de la misma forma: conscientes y con suma tranquilidad”.
El efectivo confirmó la reunión con Berni, de quien destacó su ‘amabilidad‘ y agregó que el funcionario se comprometió a dar una respuesta antes del martes a las demandas salariales planteadas en un petitorio en el que también se solicitó que no haya represalias contra quienes encabezaron los reclamos.
Tanto los gendarmes como los prefectos rechazaron las críticas que surgieron desde la agrupación kirchnerista La Cámpora, a través del legislador porteño Juan Cabandié, quien denunció que detrás del conflicto “hay manos negras” y un “intento de poner en juego la democracia”. “No se dejen embaucar, nosotros no somos golpistas. Nosotros defendemos la democracia y es por eso que podemos estar acá manifestándonos de esta manera”, resaltó Maza.
Por su parte, la Policía Bonaerense presentó ante autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, en La Plata, un petitorio en el que reclaman un salario mínimo de 9.500 pesos y la conformación de una mesa de diálogo o negociación permanente. En tanto, en las escalinatas del edificio “Libertad”, sede del Estado Mayor de la Armada, situado en el barrio porteño de Retiro, suboficiales de esa institución castrense también pedían el blanqueo total de sus haberes y que se revea el decreto presidencial 1305 del pasado 3 de agosto, que también provocó algunas distorsiones y reducciones salariales.