Con la abstención de la Argentina, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles las elecciones parlamentarias del fin de semana en Venezuela, boicoteadas por la oposición y criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. La iniciativa acusa al “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro de estar consolidando una “dictadura”.

Con esta resolución, la OEA se suma a las diversas manifestaciones de la comunidad internacional que rechazaron estos comicios por considerarlos fraudulentos. “Las elecciones fueron hechas con un claro propósito de eliminar la única institución legitima y elegida democráticamente en Venezuela”, señala la resolución en referencia a la Asamblea Nacional.

La iniciativa, impulsada entre otros por Brasil, EE.UU. y Colombia, se aprobó con el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962) y entre los que figuró Venezuela, representada en el foro por un enviado del líder opositor Juan Guaidó.

La resolución, que fue votada en una sesión virtual, cosechó cinco abstenciones y dos votos en contra, mientras que seis países estuvieron ausentes. La Argentina, que habitualmente se alinea con México en este organismo continental, esta vez se abstuvo, mientras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la iniciativa junto con Bolivia.

A último momento la Argentina decidió despegarse de México que, si bien evaluó abstenerse, finalmente resolvió votar en contra.

La decisión argentina fue expresada virtualmente por el embajador ante el organismo Carlos Raimundi y estuvo en línea con el silencio oficial de Alberto Fernández sobre las elecciones venezolanas. De hecho, el Gobierno se había negado el martes a firmar una declaración emitida por el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, que señalaba que desconoce los comicios del domingo. La Argentina se había sumado hace cuatro meses a este grupo porque la administración de Fernández no se siente cómoda dentro del Grupo de Lima, al que nuestro país se unió durante la gestión de Mauricio Macri.

El tema de Venezuela es de alta sensibilidad en la relación de Argentina con los Estados Unidos, que considera al régimen venezolano como una dictadura y lo busca acorralar con sanciones económicas y presión internacional. La abstención (en lugar del voto en contra) se interpreta en Washington como una manera de no desafiar abiertamente ese vínculo, sobre todo en momentos en que se negocia el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, un organismo donde el peso de Estados Unidos es fundamental. Ahora mismo hay una delegación del ministerio de Economía en la capital estadounidense negociando con el Fondo.

En la justificación del voto argentino, Raimundi señaló que “Argentina reafirma su compromiso con el diálogo entre todos los actores en busca de una salida pacífica y política” en Venezuela. Y que el país “reitera su posición sobre la importancia de la vía electoral para avanzar en la necesaria renovación de las instituciones de modo de conducir a la democracia plena, a la vigencia de derechos humanos, la recuperación de la economía venezolana y el bienestar de su pueblo”.

Agregó que “la Argentina está convencida de que no se puede desde el exterior hace caso omiso a la voluntad que manifestaron quienes concurrieron al acto electoral. Ni dictar las condiciones de procesos electorales sin contribuir a los mismos, peor aún, alentando su boicot”.

“La política de sanciones y de no reconocimiento no ha llevado a nada y eso merece una profunda reflexión. Al mismo tiempo el gobierno venezolano deber reconocer que una democracia es completa cuando la mayoría de su pueblo se siente comprometido con ella y es principal responsable de un diálogo positivo para que nuestros hermanos venezolanos puedan encontrar el mejor camino para resolver sus problemas”.

Raimundi finalizó con una crítica al organismo: “Lamentamos que desde la OEA no se haya podido avanzar en fortalecer el proceso democrático en Venezuela para lo que en nada contribuye el proyecto de resolución que está bajo consideración”.

A favor de la resolución votaron Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Venezuela, Bahamas, Brasil y Uruguay. En Contra se manifestaron México, Bolivia. Se abstuvieron St Kitts and Nevis, Surinam, Argentina, Barbados y Belice, mientras que estuvieron ausentes Dominica, Granada, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.

En unas controvertidas elecciones, el domingo ganó en Venezuela la alianza de partidos que apoyan a Nicolás Maduro, cuyo gobierno no es reconocido por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos. La oposición ─que hasta ahora contaba con mayoría en la Asamblea Nacional─ llamó a la abstención y sólo hubo una participación de 30% del padrón, cuando las fuerzas opositoras denuncian que solo fue un 20% a las urnas.

La resolución aprobada este miércoles señala que los comicios “carecieron de transparencia” porque hubo proscripción de fuerzas políticas, no contaron con la independencia de las autoridades electorales ni observadores independientes. Expresa que las elecciones no fueron “libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional”, en un contexto donde no han sido liberados los presos políticos y hay una “falta de independencia de la autoridad electoral”.

Qué dice la resolución

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos resuelve:

1. Rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.

2. Condenar, en los más enérgicos términos, la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluso a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura.

3. Hacer un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio.

4. Hacer un llamado para la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las continuas persecuciones políticas.

5. Manifestar solidaridad al pueblo venezolano y el firme apoyo a los persistentes y amplios esfuerzos de los actores democráticos en Venezuela, en particular los partidos políticos y la sociedad civil, hacia la restauración de la democracia en el país. 

6. Reiterar el llamado a que se convoquen, lo más pronto posible, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble, como parte de un proceso de transición que conduzca al nombramiento de un Gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano y con la constitución venezolana.

7. Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los observadores permanentes de la Organización de los Estados Americanos a que apoyen al pueblo venezolano en sus esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela, mediante la adopción de medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras dirigidas a lograr una solución pacífica a la situación en Venezuela.

8. Exigir el acceso pleno a la comunidad internacional para permitir la prestación de asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios reconocidos y el derecho internacional.