Una vez más, intentaron cercenar el derecho a la libertad de expresión: esta vez coartando las voces de quienes forman parte del programa “Jujuy Investiga”, emitido a través de Canal Siete de Jujuy.

Luego de una nueva emisión del programa periodístico de investigación en la que se trataron las denuncias en contra del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia y tres miembros del Tribunal de Cuentas, sorpresivamente el fiscal de Investigaciones Complejas -organismo a cargo del Ministerio Público de la Acusación- solicitó una nómina completa con “el nombre del personal que realiza el programa Jujuy Investiga”.

El fiscal también pidió detalles de la producción y edición, como así también los nombres de los conductores del programa que se emite los días miércoles a las 21 por Canal Siete.

“Debiendo remitir datos personales completos del personal mencionado, bajo apercibimiento”, comunicaron en un documento enviado a la empresa Radio Visión Jujuy.

Una vez más, como años atrás cuando un funcionario intentó “poner de rodillas” al medio de comunicación, esta vez se intenta violar la libertad expresión cuando en realidad el programa solo se dedicó a analizar una denuncia pública, que por su tenor e impacto social, reviste justamente interés público.

Además, el derecho a la información, en su faz activa pública, implica la necesidad de mantener informada a la opinión pública para que pueda ejercer su función de control de poder, por lo que no hubo acto abusivo ni constituyó extralimitación alguna en su ejercicio regular, menos aun cuando fue formulada sin carácter asertivo.

Conforme a la doctrina “Campillay”, y sentada por la Corte Suprema, no se produce daño a raíz de la información objetiva brindada por un medio periodístico, dado que el derecho a “informar” no equivale a “agraviar”, y el canal informó en base a hechos de carácter público.

Lo más cuestionable del pedido del fiscal y del Ministerio Público de la Acusación, es la actitud coactiva y alarmante de cercenar la libertad de prensa, intentando imponer censura expresamente prohibida por la Constitución Nacional, cuyo artículo 14 garantiza a todos los habitantes el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

Así se intenta limitar la libertad de prensa o ponerle pesadas restricciones, un desatino repudiable, ya que las opiniones o críticas, cuando constan en instrumentos públicos no pueden ser livianamiente cercenadas o dar origen a un supuesto deber de indemnizar en tanto se refieren a hechos que sucedieron en la realidad y no a una “operación o invento”, como el fiscal intenta calificar, aun cuando el estilo periodístico caustico pudieron generar el disgusto del afectado.

El repudio de fiscales y procuradores