Al brindar ayer su último informe del año al Congreso en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich admitió que ‘no hemos tenido adhesión‘ de los bonistas a la Ley de Pago Soberano, tras haber depositado el 30 de setiembre los fondos del vencimiento de los bonos PAR en la Argentina, por un total de 161 millones de dólares.
Capitanich, quien al convertirse el proyecto en Ley había manifestado que los que votaron ‘a favor están en defensa de la soberanía del país y los que votan en contra están de acuerdo con lo que proponen los fondos buitre‘ tuvo que reconocer que no hubo interesados en cobrar en la Argentina. ‘En cuanto al porcentaje de adhesión, hemos hecho el depósito correspondiente de la partida asignada por la Ley de Pago Soberano y no ha habido notificación de los tenedores de jurisdicción extra argentina‘, indicó el jefe de los ministros.
La Ley de Pago Soberano, que desplazó como agente de pago al Bank of New York Mellon (BoNY) y lo reemplazó por Nación Fideicomisos, buscaba cambiar el domicilio de pago para eludir la jurisdicción del juez de Nueva York, Thomas Griesa y dar una señal de voluntad de pago.
Por otro lado planteó la necesidad de constituir una comisión bicameral para investigar ‘maniobras de desestabilización‘ económica de empresas que a través de ‘ataques especulativos sistemáticos‘ actúan en perjuicio del fisco. Además de la reciente denuncia que la AFIP hizo contra Procter and Gamble por supuesto fraude fiscal, el ministro coordinador también citó que fue intimada General Electric. También mencionó a Monteverde S.A., que opera en el sector farmacéutico. Anticipó que ‘en noviembre‘ el Gobierno va a enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema penitenciario. Y aclaró que hay una decisión de ‘no impulsar, ni estimular, por iniciativa del Poder Ejecutivo‘ el debate sobre la despenalización del aborto.