Buenos Aires, 8 de marzo.- El gobierno nacional calificó de ‘nuevo intento británico de manipular la cuestión Malvinas‘ al referéndum convocado por el gobierno isleño sobre el futuro status político del archipiélago y aseguró que ese hecho ‘no pondrá fin a la disputa de soberanía‘.
En un comunicado, la Cancillería afirmó que ‘el Reino Unido carece de derecho alguno a pretender alterar el estatuto jurídico de esos territorios, aún con el disfraz de un hipotético ’referéndum’‘.
‘Esta votación, así como las mil consultas o votaciones más que el Reino Unido pudiera inventar en los territorios disputados, no relevan a ese país de cumplir con la obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la disputa de soberanía que mantiene con la Argentina mediante la reanudación de negociaciones‘, enfatizó el Palacio San Martín.
Afirmó además que ‘la parte británica procura introducir elementos orientados a distorsionar, cambiando la definición que el derecho internacional hace de esa controversia‘, y aseguró que esa actitud es ‘claramente demostrativa de la falta de fundamentos para sus pretensiones y sobre todo carente de buena fe‘.
Sostuvo que el gobierno británico eligió esa estrategia ‘en lugar de cumplir con sus obligaciones internacionales reanudando negociaciones con la Argentina para resolver esa controversia‘, como exige la comunidad internacional.
La Cancillería advirtió que ‘el Reino Unido no puede modificar la controversia a su antojo‘ y aseguró que ‘la iniciativa británica no encuentra sustento en ninguna de las 40 resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las Islas Malvinas‘.
Recordó que la ONU consideró que Malvinas es ‘un caso especial y particular de descolonización en el que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta por negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los ‘intereses‘ (no los ‘deseos‘) de los habitantes de las Islas‘.
El gobierno memoró que ‘la Asamblea General (de la ONU) expresamente rechazó, en dos oportunidades en 1985, propuestas británicas para incorporar el principio de libre determinación en el proyecto de resolución sobre la Cuestión de las Islas Malvinas‘.
Acusó al gobierno británico por no haber ‘tenido un comportamiento consistente en relación con el principio de libre determinación de los pueblos que alega como aplicable a la Cuestión Malvinas‘ y consideró que ‘su falaz invocación de este principio contrasta con su posición en otros casos de descolonización‘. Citó en este sentido los casos del archipiélago de Chagos, en el cual expulsó a sus habitantes nativos, privándolos, al día de hoy, de su derecho a retornar a sus tierras‘ y recordó que ‘tampoco recabó la opinión de los habitantes de Hong Kong cuando restituyó dicho territorio a su legítimo titular, la República Popular China‘.
Recordó en cambio una larga nómina de organismos mundiales e internaciones que ‘han exhortado al Reino Unido y a la Argentina a reanudar esas negociaciones para resolver precisamente esa controversia‘.
Citó en este sentido a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CELAC, UNASUR, MERCOSUR y foros internacionales como el Grupo de los 77 más China, las Cumbres Iberoamericana, de America del Sur – África (ASA), de América del Sur- Países Árabes (ASPA) y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS).
La Cancillería concluyó que Gran Bretaña ‘conciente de su aislamiento internacional en relación con la Cuestión Malvinas, intenta tergiversar la controversia que mantiene con la Argentina antes que resolverla‘.