En pleno escándalo de los " cuadernos de las coimas ", los socios de Cambiemos plantearon serios reparos al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo sobre financiamiento de las campañas políticas, el cual habilita el aporte de las empresas a las actividades proselitistas de los partidos políticos. La oposición, en la voz de la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) también expresó sus objeciones, por lo que difícilmente prospere la iniciativa del Gobierno.
Dentro del bloque de diputados de Cambiemos, la UCR, la Coalición Cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, y la diputada Graciela Ocaña rechazan la idea de que las personas jurídicas (empresas) aporten directamente a los partidos políticos en sus campañas electorales. Por el contrario, el proyecto del Gobierno -que tiene el respaldo de un amplio abanico de ONGs- propone restablecer la posibilidad de que las empresas contribuyan a las campañas electorales, aunque con un tope de no más del 2% del total de los gastos proselitistas.
"Creo que estamos viviendo un momento particular que permite analizar la posibilidad de dejar de lado el financiamiento mixto o privado y avanzar en el público. También en otras medidas complementarias, como la unificación de las fechas electorales", enfatizóMario Negri , jefe del interbloque de Cambiemos.
Desde la Coalición Cívica tampoco están de acuerdo con el financiamiento privado de empresas. "Coincidimos en líneas generales con el proyecto del Gobierno, pero no con el artículo que permite que las empresas financien las campañas políticas. Esta ha sido la posición histórica de la Coalición Cívica, más allá de este escándalo de coyuntura sobre los ‘cuadernos de la corrupción’ -explicó a LA NACION la diputada Paula Olivetto-. Sí estamos de acuerdo con que las personas físicas puedan contribuir en las campañas, como sucede actualmente. No creemos que el financiamiento público sea la solución: primero, porque el Estado, en su situación actual de déficit y endeudamiento, no está en condiciones de hacerlo. Segundo, porque el financiamiento público tiende a beneficiar a los partidos tradicionales en detrimento de los más chicos".
El Gobierno sostiene la decisión de prohibir los aportes de empresas a las campañas, impuesta por el kirchnerismo en 2009, "no funcionó como mecanismo para generar mayor equidad". "Hay un amplio consenso respecto a que estos aportes ocurren de todos modos. El dinero de las empresas continuó financiando campañas, pero lo hizo sin que ese dinero sea registrado, dejando el financiamiento político aún más lejos del escrutinio público", fundamentó en su proyecto.