A la espera del juicio, el escándalo por las denuncias de abusos sexuales a niños sordos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza sumó un nuevo capítulo que genera mayor incertidumbre entre las víctimas sobre el futuro de la megacausa. Los tribunales provinciales determinaron el sobreseimiento de uno de los primeros acusados, ya que las pericias oficiales indicaron que el hombre, de quien debe reservarse la identidad por disposición judicial, es inimputable. De esta manera, el ex empleado de 41 años queda afuera del expediente aunque no recuperará, por ahora, la libertad.
Así lo determinó la jueza de Garantías, Patricia Alonso, en una audiencia celebrada entre las partes intervinientes en el proceso. De esta manera, el señalado por los damnificados como uno de los autores de los vejámenes, permanecerá alojado en el pabellón judicial del Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce, decisión que ya había tomado la semana pasada la magistrada al ponerle fin a la prisión preventiva al acusado. Desde la querella indicaron que no apelarán lo resuelto por Alonso, y se espera que el hombre sobreseído quede internado en el efector.
De acuerdo a los estudios de salud mental realizados, el hombre no comprende la criminalidad de sus actos, ya que no sólo es hipoacúsico sino que padece un retraso psicológico, además de haber sido víctima de abusos sexuales en la infancia por parte de sacerdortes durante sus años en la sede del instituto en La Plata. De ahí que uno de los curas imputados, Nicola Corradi (82), también está señalado de agredir sexualmente al hombre.
Sólo cuatro personas de las 14 imputadas permanecen en la cárcel. Corradi goza del beneficio de prisión domiciliaria, por su avanza edad pero los detenidos tras las rejas acusados de cometer las ataques sexuales, son el sacerdote Horacio Corbacho y los ex administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez. A ellos se suma la detención a comienzos de este año de la cocinera de la institución, Noemí Paz, quien se encuentra en el penal de Agua de las Avispas, en Cacheuta, imputada como “partícipe primaria en abuso sexual agravado”, aunque se espera que obtenga la prisión domiciliaria. Los otros acusados, como las dos monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, se encuentran con ese beneficio, al igual que otros directivos y personal del colegio.