El presidente de Techint Paolo Rocca dijo hoy que desconocía que un alto directivo de su empresa le pagó coimas a funcionarios kirchneristas para que intervengan en nombre de la compañía ante el gobierno de Venezuela por una situación que estaban viviendo en ese país.
Rocca declaró en indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo y responsabilizó por esos pagos a Luis Betnaza, director corporativo de Technit, informaron fuentes judiciales.
Betnaza ya fue indagado y reconoció que le ordenó a otro director de Techint, Héctor Zabaleta, pagos ilegales a través de SIDOR y TAVSA, compañías que Techint tenía en Venezuela en épocas de Hugo Chávez. Quien cobraba esas coimas era Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación que está preso.
Rocca dijo hoy que por su cargo, Betnaza tenía autonomía dentro de la empresas. Los fiscales le preguntaron si esa autonomía lo habilitaba a pagar coimas. "No", respondió el dueño de Technit.
Al empresario también le preguntaron de donde había salido el dinero para esos pagos y la respuesta fue de fondos de dividendos de los socios pero que todavía no lo tenían precisado ya que hay una auditoría interna en la que están trabajando.
Rocca no solo se desligó de esos pagos por Venezuela sino que también negó cualquier tipo de pago de sobornos. Dijo que Technit nunca integró un conglomerado de empresas para hacer obra pública durante el kirchnerismo y que durante ese período de gobierno solo recibieron el 1 por ciento de la obra pública.
Si bien Betnaza dijo que Technit solo pagó por la "gestión" en Venezuela, el ex funcionario Claudio Uberti dijo que en 2008 la empresa pagaba coimas por fuera de la situación puntual de Venezuela. Rocca dijo en su indagatoria que no sabía nada al respecto y que para ese año no estaba a cargo de los negocios con Venezuela ya que estaba ocupado con la crisis de Lehman Brother.
El empresario relató la situación compleja de amenazas a los empleados de las empresas de SIDOR y TAVSA y la estatización de las compañías. Dijo que por esa situación habló por teléfono con la entonces presidenta Cristina Kirchner y se quejó por la expropiación y le pidió que se interesara en el caso. También señaló que habló de lo mismo con los ex presidentes de Brasil Lula y Dilma porque en SIDOS había un porcentaje accionario de una empresa brasileña.
Rocca fue el tercer directivo de Technit en ser indagado en la causa de los cuadernos de la corrupción. Zabaleta fue detenido cuando se inició el caso y declaró como arrepentido, tras lo cual fue liberado. Luego fue citado Betnaza y ahora Rocca.
Betnaza fue procesado por el juez Bonadio por asociación ilícita y pago de coimas. En tanto a Zavaleta le dictó una falta de mérito pero los fiscales le pidieron a la Cámara Federal que los procese.
Al prestar declaración como "arrepentido", Betnaza relató ante Bonadio pagos ilegales de la compañía al gobierno de Cristina Kirchner en 2008, en el marco del conflicto por la nacionalización de la empresa Sidor, de ese grupo empresario, en Venezuela, y destacó que la ex presidente participó de "varias reuniones" en aquella ocasión.
Betnaza, un hombre fuerte y más político de Techint, declaró en la causa que "el cierre financiero" de esos pagos "se realizó a fines de 2008 y 2009, con intervención de Cristina Kirchner, en varias reuniones".
Inicialmente, Betnaza señaló que Techint solicitó "al gobierno argentino que intercediera ante el gobierno de (Hugo) Chávez, ante el peligro de nacionalización". Tras indicar que en abril de 2008 se declaró en Venezuela la "nacionalización" de una subsidiaria de Techint pidieron "ayuda al gobierno nacional".
"Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me acerca (Claudio) Uberti y me manifiesta el enojo del presidente (Néstor) Kirchner, alegando que la empresa no contribuía económicamente con el Gobierno. Él dijo: ‘Ustedes no nos aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado con ustedes’. Mi respuesta fue: ‘El grupo Techint no hace negocios, nunca, con la política’". "A partir de mi respuesta, percibí un diálogo al oído entre Uberti y Kirchner, y ese mismo día tomaron el helicóptero, pasaron por encima de la empresa nuestra, se subieron al avión y se fueron", puntualizó.
Betnaza destacó que luego se concretó la expropiación de la empresa por parte del gobierno venezolano. "En el inicio de 2008, con muchas noticias periodísticas, apelamos al gobierno de Argentina, a las personas del Ministerio de Planificación Federal, y nos manifestaron que hagamos un aporte porque ello significaba gastos que el gobierno argentino no tenía por qué afrontar", subrayó.
Y advirtió: "Ahí empezamos a negociar la fase económica. En estas reuniones, empieza a participar (el ex funcionario del Ministerio de Planificación José María) Olazagasti, que es a quien deriva Kirchner para participar". "El cierre financiero se realizó a fines de 2008 y 2009, con intervención de Cristina Kirchner en varias reuniones", agregó Betnaza en su declaración.
Además, mencionó a la ex presidente al recalcar: "Luego ella me convocó señalándome que el precio estaba acordado en mil novecientos setenta millones". "Ella me informa que había hablado con Chávez, y que nos comunicáramos con el ministro de Finanzas del régimen para acordar el pago", señaló Betnaza.
También recalcó: "Durante el período que abarcó la salida de la gente de Venezuela nos solicitaron que contribuyéramos con el Gobierno. Aquí intervinieron (Julio) De Vido y (Roberto) Baratta". "En razón de la situación que estábamos viviendo en Venezuela, le doy instrucciones a (el ex ejecutivo de Techint, Héctor) Zabaleta para que haga los pagos", precisó.
Si bien no aparece mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno, el dueño de Techintfue señalado por el financista Ernesto Clarens, quien también declaró ante el magistrado, por entregar supuestas coimas durante la gestión anterior.
El pasado 25 de septiembre, tras procesar a medio centenar de involucrados en el caso, Bonadio decidió citar a Rocca y a Marcelo Mindlin, empresario del sector energético, entre otros.
En la causa de los cuadernos de la corrupción fueron procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y otras 40 personas entre ex funcionarios como Julio De Vido y José López y empresarios como Aldo Roggio y Angelo Calcaterra. Los procesamientos están bajo revisión de la Cámara Federal.
Por su parte, la Cámara Federal le otorgó hoy la prisión domiciliaria a uno de los empresarios detenidos en la causa de los cuadernos de la corrupción. Se trata de Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y sospechado de integrar la asociación ilícita que habría funcionado para robar dinero con los negocios del Ministerio de Planificación. El empresario fue detenido el 9 de agosto, un día después de declarar y agarrarse a piñas con periodistas en la puerta de Comodoro Py. Este es el tercer arresto domiciliario que concede la Cámara Federal en la causa de los cuadernos.
Primero fue Néstor Otero, de 81 años, con un delicado estado de salud y una mujer enferma; y después Sergio Taselli. A Taselli, la Cámara Federal le otorgó la excarcelación, pero no sé concretó.
Según indicaron fuentes judiciales, el juez Claudio Bonadio le fijó una fianza altísima: $40 millones. La cifra es 1% del embargo fijado en los procesamientos de todos los presuntos integrantes de la asociación ilícita. Mientras apela el monto -que no llegó a pagar- Taselli consiguió el arresto domiciliario.
En el fallo, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi remarcaron que tiene 72 años, que padece "diverticulitis aguda e hiperuricemia". También que debe cumplir una dieta alimentaria que tiene prescripta y tomar medicación para sus dolencias.
La edad de Lascurain "resulta ser una circunstancia que por sí sola lo coloca en una situación altamente riesgosa en cuanto a su estado físico puesto que resulta de público conocimiento que una persona longeva como el imputado está inmerso en el grupo población alma frágil y necesitado con relación a los controles y cuidados médicos", señaló.
La Cámara agregó que la grave imputación que pesa sobre Lascurain y los riesgos de negarle la excarcelación "no impiden someterlo a una detención morigerada como la solicitada priorizando su estado de salud y los vínculos con su familia y evitar de este modo su deterioro irreparable ya que en la actualidad cuentan con dispositivos electrónicos pulseras y GPS que de modo eficiente pueden asegurar que el nombrado continúe cumpliendo de manera estricta su detención".
Lascurain había estado preso por unas horas en abril pasado en el marco de la causa de Río Turbio en la que está procesado. Es la causa por la que está preso el ex ministro de Planificación Julio de Vido. En aquel momento el juez Luis Rodríguez ordenó su arresto y luego le otorgó la excarcelación con una fianza de $100.000. Más tarde, la Cámara elevó esa cifra a un millón.
Fuente: Infobae