En el mes que transcurrió desde que se empezó a arancelar en Salta la atención médica a extranjeros en los hospitales públicos, mermaron en un 90% los cruces del río Bermejo que hacían unos 8.000 pacientes bolivianos para aprovechar que les salía gratis.
La provincia norteña es el único lugar en el país donde hasta ahora la salud pública se les cobra a ciudadanos provenientes de otros países.
La distinción en el tratamiento económico según se trate de argentinos o de otras nacionalidades era un antiguo reclamo de un sector de la política que ahora se vio concretado, luego del caso del docente fallecido en Bolivia, hace dos años, por falta de atención médica, según denuncia su familia. Asimismo hubo muchas denuncias de argentinos que necesitaron ser atendidos en centros de salud de Bolivia y les cobraron.
Sobre el docente salteño Alejandro Benítez, los familiares aseguran que murió después de que médicos bolivianos le negaran un traslado en ambulancia por carecer de 1.000 pesos bolivianos para pagar el servicio.
La decisión de Salta de que los hospitales públicos cobren por prestar servicios de salud a foráneos reabrió un debate sobre el acceso a la salud para la comunidad internacional, pero también puso sobre el tapete la gratuidad indiscriminada de la salud pública, que en realidad es onerosa pero a cargo de los contribuyentes argentinos.
Desde mediados de marzo, los nosocomios facturan a los extranjeros: $100.000 por día para internación; $190.000 por día por sala intermedia; $250.000 por día terapia intensiva; $500.000 por parto y $250.000 por terapia neonatal. Con este cambio en las reglas, se produjo una notoria merma en la afluencia de pacientes provenientes del otro lado de la frontera.
El titular de Salud, Federico Mangione, estimó que los 3.000 bolivianos que llegaban antes del arancelamiento se redujeron a 60, incluyendo a algunos paraguayos y chilenos. En Salvador Mazza se calculó la deserción en un 90% de otros países.