El ministro de Energía, Juan José Aranguren, formalizó ayer la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar la Ley de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2002, una decisión que celebró ya que permitirá llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas. El funcionario consideró que la llegada “a su fin” de la Ley de Emergencia Económica permitirá “recuperar los marcos regulatorios” de los contratos y “no volver a incumplirlos”, como sucedió en el pasado tras la crisis desatada en 2001 y la salida de la convertibilidad.
Esta ley fue sancionada en enero de 2002, en los comienzos del gobierno de Eduardo Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis desatada con el fin de la convertibilidad y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa. La norma se sancionó también en medio del congelamiento de depósitos bancarios, y con movilizaciones en la calle que dejaron al menos 35 muertos en las protestas de fines de 2001. La Ley de Emergencia Económica le dio a Duhalde un marco jurídico de “excepción”, que le permitió establecer la nueva relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica, etc.