La ONG Infancia en Deuda denunció que, entre marzo y abril de 2021, tres bebés aborígenes murieron por causas asociadas con la desnutrición y la deshidratación en Salta. Según el informe publicado en las últimas horas, los fallecidos pertenecían a las comunidades indígenas de Monte Carmelo, Pozo la Ciega y Tierras Indígenas. Desde la organización reclaman que el gobierno de Gustavo Sáenz reglamente la Ley de Salud Intercultural para “garantizar los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades”.

En la provincia norteña residen unas 500 comunidades indígenas pertenecientes más de 14 pueblos originarios, que padecen pobreza estructural y son objeto de discriminación. Quienes pertenecen a estas comunidades tienen, además, serias restricciones para acceder al sistema de salud y a los servicios básicos, tales como el agua potable.

Según el Ministerio de Salud salteño, en todo el territorio hay 102.936 personas de comunidades indígenas, de las cuales 137.012 son niños y niñas menores de 5 años y, de acuerdo a un relevamiento realizado en 2018, unos 1640 padecen distintos grados de desnutrición.

A principios de 2020 y cuando aún la pandemia aún no había tocado suelo argentino, el gobernador Gustavo Sáenz declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán. En esos distritos, ya durante la primeras semanas de ese año, habían muerto al menos nueve niños y niñas indígenas. por causa de la desnutrición o por patologías relacionadas con ella.

“A la fecha se reportan nueve niños y niñas fallecidos de los cuales siete han muerto por complicaciones de salud sobre la base de un estado de desnutrición. Los hospitales principales de los tres departamentos reciben decenas de niños y niñas de comunidades indígenas en internamiento para recuperación nutricional y con condiciones graves de salud”, había señalado en esa oportunidad la ONU a través de un informe.

En el escrito, el organismo internacional señaló que los fallecimientos de los pequeños se debieron a tres factores: la falta de acceso a agua segura, la deficiente ingesta de alimentos y nutrientes, y limitaciones para acceder a los servicios de salud. Sin embargo, a casi un año y medio del anuncio de Sáenz, la “situación no parece haber cambiado”, según explicaron desde Infancia en Deuda. A los decesos mencionados se sumaron en estos últimos meses los tres bebés que murieron por enfermedades asociadas a la desnutrición y/o deshidratación.

“Se hizo evidente la falta de acompañamiento integral e intercultural a las familias para garantizar un seguimiento adecuado y un tratamiento eficaz”, denunciaron desde la ONG, al tiempo que reclamaron que se reglamente Ley de Salud Intercultural porque es una herramienta “urgente para garantizar los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes de las comunidades”.

“La reglamentación de esta ley es una responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial, que está pendiente desde hace 7 años”, aseveraron desde el organismo en un comunicado.

Y recalcaron, en el final, que “sólo a través de la reglamentación, la asignación de un presupuesto específico, la implementación de todos los dispositivos reconocidos y la coordinación interinstitucional de política pública se podrá comenzar a mitigar la grave situación sociosanitaria que atraviesan las comunidades originarias de Salta”.