Un juez argentino ordenó ayer varias medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía en la causa que investiga el papel del presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en un polémico acuerdo alcanzado en 2016 entre el Estado y una empresa de familiares del mandatario.

Según confirmaron a la agencia de noticias Efe fuentes oficiales, el magistrado federal Ariel Lijo hizo lugar a la petición del fiscal Juan Pedro Zoni de iniciar una investigación para determinar posibles ‘conductas delictivas‘ en un acuerdo para cobrar una deuda que desde 2001 tiene con el Estado la sociedad Correo Argentino, que fue la adjudicataria del servicio oficial de correo desde 1997 a 2003.

Entre las primeras medidas establecidas por Lijo: la búsqueda de información relativa al concurso de acreedores en que entró la empresa en 2002 y que todavía no está resuelto. Es así que un grupo gendarmes se dirigió a la sede del Ministerio de Comunicaciones en Buenos Aires para que las autoridades de la cartera entreguen información de los antecedentes y proyectos que haya sobre el concurso de Correo Argentino, propiedad del padre del presidente, Franco Macri.

Las mismas fuentes especificaron que no se trata de un allanamiento, sino de un ‘procedimiento‘ por el que se entregó la información solicitada.

La semana pasada, Macri anunció su decisión de instruir al Ministerio de Comunicaciones de volver a ‘hoja cero‘ todo lo actuado en el concurso por el Estado tras la fuerte polémica sobre los términos económicos del acuerdo y el supuesto conflicto de intereses dado el vínculo entre el mandatario y los accionistas de la empresa.

La controversia surgió hace dos semanas, cuando la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, cuestionó el acuerdo -aún no homologado por la Justicia- por ‘abusivo‘ ya que, en su opinión, implica prácticamente la condonación de la deuda a la empresa.

Por otra parte, Aguad se presentó en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde Correo Argentino SA había iniciado en junio pasado una demanda por daños y perjuicios contra el Estado reclamando el pago de 2.300 millones de pesos y a una tasa más alta que la que estaba dispuesto a pagar en el proceso de quiebra.

De acuerdo a la presentación, el Estado recusó al juez del fuero Contencioso Administrativo Pablo Cayssials, que estaba interviniendo y, a la vez, pidió que se dé de baja esa demanda bajo la figura de ‘caducidad de instancia‘ ya que pasaron seis meses sin impulso del proceso -se cumplieron el 14 de febrero pasado-.

La Procuración sostuvo que no sólo no le dio intervención en ese proceso, sino que ‘se ha operado el plazo de caducidad previsto en el articulo 310, inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación‘, añadieron las fuentes.

‘Resulta ostensible que el juez ha demostrado un evidente desinterés en el progreso de esta causa pues en rigor no efectuó ningún acto procesal destinado a mantener viva esa instancia‘, se sostuvo.

En junio del año pasado, el Correo presentó en el fuero contencioso administrativo federal una demanda por daños y perjuicios contra el Estado. La empresa alegó que se vio perjudicada por la falta de pago de supuestas inversiones y reclamó más de 2.300 millones de pesos con un interés del 11 por ciento anual. Efe y DyN

 

Audiencia para marzo
 

Un tribunal de Argentina convocó ayer a una audiencia en marzo entre el Estado argentino y la firma Correo
Argentino, en el marco del concurso de acreedores de la compañía que tuvo a su cargo el correo oficial entre 1997 y 2003.

La audiencia, prevista para el próximo 16 de marzo, fue convocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, tribunal que lleva adelante el proceso de concurso de acreedores de Correo Argentino, propiedad del grupo Macri.

La decisión de la Justicia de convocar a esta reunión se produjo luego de que ayer el Ministerio de Comunicaciones, que actúa en este concurso en representación del Estado como acreedor, se presentara ante el tribunal para dejar sin efecto la aceptación que había hecho en junio de 2016 a un propuesta de pago de la deuda por parte de la empresa.

Según fuentes oficiales, en su escrito el Gobierno argentino de Mauricio Macri plantea su decisión de dar marcha atrás en el acuerdo alcanzado bajo el argumento de ‘lograr la mayor transparencia pública posible‘.